En las cárceles y las comisarías
El inesperado e insólito ataque a la comisaría de San Justo por parte de delincuentes vestidos de policías, no solo dejó el triste saldo de una oficial gravemente herida, sino una polémica frase del ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, la cual fue duramente cuestionada por parte de organismos de Derechos Humanos.
“Prefiero que los delincuentes estén adentro, aunque estén apretados”, había expresado Ritondo, cuando le preguntaron sobre la sobrepoblación que tenía la comisaría atacada.
Lo cierto es que en la provincia de Buenos Aires, todavía hay tragedias que se investigan, ocurridas en comisarías debido precisamente a su hacinamiento e irregularidades.
La “masacre de Pergamino”, ocurrida tan solo hace un año, se cobró siete vidas en un pabellón para menos detenidos, luego de un incendio que pudo haber sido apagado en reiteradas oportunidades por parte del personal policial presente en el lugar.
Otros detalles y precisiones
“Esta frase irresponsable pretende aprovechar un clima de descontento social por el grave hecho ocurrido en la comisaría de San Justo para justificar una práctica ilegal del Estado: aunque parezca una obviedad decirlo, `amontonar´ personas en comisarías que son verdaderas cuevas y en condiciones de hacinamiento extremo, es un delito”, destacaron desde la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), uno de los organismos más presentes en el tema.
Para la CPM, el Estado “debe ser garante de protección” de los Derechos y no colocarse en el lugar de “victimario”, el cual asume la posibilidad de “torturas” y “muerte”, como un “resultado esperable”. Según las estadísticas oficiales, en el territorio bonaerense hay 457 comisarías, de las cuales 331 se encuentran “inhabilitadas” por el Estado para alojar detenidos. Sin embargo, las que sí están aprobadas, permanecen con una sobrepoblación evidente, signo de la también sobrepoblación y hacinamiento de las cárceles de la provincia.
Según el organismo, hay 45 mil personas detenidas en todo el territorio bonaerense. De las cuales, 39.394 están en cárceles y alcaidías, 3.727 en comisarías y 1.814 con monitoreo electrónico. Todas estas personas se alojan en 21.000 plazas (20.000 en el servicio penitenciario y 1.000 en comisarías) “que no cumplen con estándares mínimos de respeto a los derechos humanos”. Además, dos de cada tres personas alojadas en comisarías “duermen en el piso y la mayoría no cuenta con colchones.
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