La apuesta es consguir el número para emplazar a las comisiones a tratar ambos temas más adelante. Sobre deudas, hay 50 iniciativas. En discapacidad la apuesta es prorrogar la emergencia.
La oposición en el Congreso intenta conseguir el quórum necesario para avanzar mañana con el tratamiento de proyectos -hay unos 50- con diversas variantes para atender la crisis de endeudamiento de las familias, y otro para prorrogar el esquema de emergencia en discapacidad, que vence a fin de año.
Descartada la posibilidad de que el Ejecutivo presente el proyecto para endurecer las penas a las empresas que operen en Malvinas sin consentimiento argentino -la enviará a Diputados la semana entrante- el oficialismo maniobra para entorpecer la posibilidad de que haya sesión, algo que los opositores negocian con gobernadores afines.
Con final abierto pero un grado de avance importante por parte de la oposición, la sesión está llamada para este miércoles al mediodía y tendrá como objetivo emplazar a las comisiones para fijar una fecha de dictamen sobre dos temas que los bloques críticos consideran “urgentes”. Es decir, no se buscará aprobar ninguno de los proyectos, sino imponer una hoja de ruta.
La oposición sumó así aliados que el Gobierno fue perdiendo en las últimas semanas. Varios gobernadores cercanos a la Casa Rosada, cuyos diputados suelen acompañar al oficialismo, anticiparon que esta vez le darán la espalda: entre ellos, los tucumanos de Osvaldo Jaldo, los catamarqueños de Raúl Jalil y los salteños de Gustavo Sáenz, con tres diputados cada uno.
Con esos respaldos, la oposición confía en superar las 129 voluntades necesarias para abrir la sesión. La cuenta incluye a Unión por la Patria (UP), Provincias Unidas, Argentina Federal, la Coalición Cívica, Encuentro Federal, Elijo Catamarca, el Frente de Izquierda, el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) y otros monobloques.
En el oficialismo se mueven con cautela. Puertas adentro, Martín Menem y Diego Santilli dialogan con los aliados Para afuera, en cambio, se muestran confiados: aunque la oposición consiga el número para la sesión del miércoles, solo logrará avanzar con el emplazamiento de las comisiones.
De ahí a la aprobación de las leyes hay un largo trecho y, a diferencia de lo que ocurrió el año pasado, el Gobierno tiene el número para sostener cualquier veto presidencial.
Un problema, diferentes universos
La oposición enfrenta dos desafíos. Por un lado, evitar el boicot del Gobierno y convencer a los gobernadores aliados a Milei de alinearse detrás de la nueva bandera opositora: la de la crisis del endeudamiento familiar.
Es que en total hay unos 50 proyectos de ley presentados pero son diferentes entre sí. Algunos dialogan con los 20 millones de endeudados y plantean marcos regulatorios que pongan límites a las prácticas abusivas y a las tasas liberadas. Otros apuntan específicamente al universo de 6 millones de morosos, fijando regímenes de reestructuración de las deudas y la eliminación de intereses punitorios. Otros, mientras tanto, buscan mecanismos de intermediación con los acreedores informales, que ya no son ni bancos ni fintech, sino prestamistas de última instancia.
La mayoría de las iniciativas establecen diferentes mecanismos de reestructuración de las deudas. Algunos, como el de la peronista Kelly Olmos, proponen que quienes tengan deudas de consumo de hasta tres Canastas Básicas Totales –más de $1,5 millones– podrían ingresar obligatoriamente a un régimen de regularización que establece condonaciones del 100% de los intereses punitorios, planes de pago de hasta 36 cuotas y la suspensión de los embargos hasta que se cumpla el plan.
Otros, como uno presentado por Natalia Zaracho e Itai Hagman (Patria Grande), proponen crear un fondo que compre y reorganice las deudas de personas con ingresos que no superen los seis salarios mínimos ($2,3 millones) ni tengan un vehículo o propiedad a su nombre. La iniciativa establece que se fijará un plan de pagos con cuotas que no podrá superar el 30% de los ingresos de la persona adeudada.
Otros proyectos apuntan fundamentalmente a endurecer las reglas para bancos, tarjetas y fintech. En el caso de las billeteras virtuales y fintech, que ofrecieron créditos a tasas que duplicaron los créditos bancarios, los proyectos apuntan a fijar límites y regulaciones. En el caso del proyecto del radical Pablo Juliano, se exigen evaluaciones previas sobre la capacidad real de pago del usuario y obliga a las aplicaciones a precisar de manera clara cuáles serán las comisiones y el costo financiero total del préstamo otorgado.
La mayoría de las iniciativas coinciden, además, en regular las prácticas de cobranza para impedir el hostigamiento abusivo a los deudores.
Discapacidad
El otro eje de la sesión será la emergencia en discapacidad. La oposición buscará emplazar a las comisiones de Discapacidad y Presupuesto y Hacienda para que fijen una fecha de dictamen sobre el proyecto presentado por Juan Marino (UP), que propone extender la emergencia hasta el 31 de diciembre de 2027.
Marino y las organizaciones de discapacidad que participaron de la elaboración de la iniciativa sostienen que la prórroga permitiría al Poder Ejecutivo conservar mayor flexibilidad para destinar recursos al financiamiento del sistema.
Según esa interpretación, además, el vencimiento de la emergencia no debería dejar sin efecto las modificaciones permanentes introducidas por la ley. Entre ellas, la actualización mensual de los aranceles de las prestaciones de acuerdo con la inflación.
Fuente: Agencia DIB.
