Procesaron a De Vido y le fijan un embargo por 1.000 millones de pesos

Es en la causa por falta de controles e irregularidades en la entrega de subsidios a empresas de colectivos.

El diputado nacional y ex ministro kirchnerista de Planificación Federal Julio De Vido fue procesado ayer por supuestas irregularidades en los subsidios a las empresas de colectivos y recibió un embargo de 1.000 millones de pesos.
Así lo informaron ayer fuentes judiciales y añadieron que el juez federal Claudio Bonadio también procesó a los ex secretarios de Transporte, Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, y a los ex titulares de la Comisión Nacional de Regulación de Transportes (CNRT) Alejandro Ramos, Roque Guillermo Lapadula, Pedro Ochoa Romero y Antonio Sícaro.
Para ellos, el magistrado también mandó a trabar distintos embargos, de hasta 900 millones de pesos.
La maniobra, según el fallo, incurrió en los supuestos delitos de «defraudación contra la administración pública» y «administración fraudulenta».
Y «ocasionó perjuicio a las arcas del Estado Nacional de aproximadamente seiscientos nueve millones trescientos veintiséis mil ciento ochenta y seis pesos, con veinticinco centavos ($ 609.326.186,25)».
«Durante el período comprendido entre julio de 2003 y marzo de 2014, abusando de las facultades inherentes a los cargos que ocupaban, los nombrados participaron en una maniobra ilegal a través de la cual se entregaron sistemáticamente, a empresas de transporte público automotor de pasajeros, subsidios superiores a los que correspondían», consignó. Los procesados «pusieron en funcionamiento y sostuvieron en el tiempo, un sistema destinado a permitir la maniobra, encubrirla, disimular su ilegalidad e intentar lograr la impunidad de los involucrados».
Bonadio estableció que «este sistema posibilitaba que se calcularan los subsidios en base a kilometrajes superiores a los efectivamente recorridos por los colectivos y, consecuentemente, se terminaran entregando subsidios superiores a los correspondientes».
El juez dictaminó que «la maniobra ilegal pudo sostenerse hasta que se instalaron GPS en los colectivos, en el año 2014».