El secretario de Energía, Javier Iguacel, finalmente quedó imputado en una causa penal en la que se investiga si cometió delitos al dictar la resolución que obligaba a los usuarios a pagar en cuotas una deuda que le pertenece a las empresas prestadoras de gas debido a la devaluación.
La fiscal federal, Paloma Ochoa, lo ordenó y solicitó a la jueza, María Servini de Cubría, que «en forma urgente» dicte una medida cautelar por 60 días para evitar la aplicación. Sin embargo, el gobierno nacional ya confirmó que no llevará a cabo tal medida.
La fiscal impulsó la denuncia que de oficio hizo su par Guillermo Marijuan, y ratificó la calificación que había hecho su colega: abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. A su vez, añadió también la de fraude en perjuicio de la administración pública, que establece una pena de hasta 6 años.
Ochoa dijo que la resolución «pareciera circunscribirse a asegurar un margen de ganancia de un actor, en un contexto devaluatorio de la moneda nacional que ineludiblemente redundará en el empobrecimiento de la mayoría de los actores de la sociedad argentina», y sostuvo que esta decisión «excede los meros actos de gestión de políticas públicas y puede tornarse en jurídico- penalmente relevante».
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