A medida que avanza el desglose y estudio del Presupuesto y la Fiscal Impositiva de María Eugenia Vidal, los intendentes no ganan en disgustos. Las últimas dos malas noticias son el traspaso de los costos de la CEAMSE y la intención de ponerle un techo del 38% a un eventual aumento de las tasas municipales.
El segundo ítem genera enormes resquemores. Es que, si bien la medida está incluida de carácter transitorio, deja clara la intención de encorsetar a las municipalidades seguramente abrirá un frente de batalla intenso.
En concreto, la normativa dice: “Mientras no se acuerde la Implementación de las metas establecidas en el artículo 7 bis la ley de Responsabilidad Fiscal 13.295 y en la Sección III del Consenso Fiscal aprobado en virtud de la Ley 15.017, las tasas y/o bases imponibles correspondientes a los servicios a ser facturados y recaudados por los gobiernos municipales durante el ejercicio 2019, no podrán tener un incremento mayor de 38% respecto de las aplicadas durante el ejercicio 2018”.
Para un cuadro técnico, con amplia trayectoria en el paño bonaerense, consultada por INFOCIELO, se trata de una medida “otra vez inviable que lo busca, seguramente, es iniciar una negociación política”. Para esta fuente, “lo que le están pidiendo a los Municipios es que se ajusten por otro lado, pero mientras ni Nación ni Provincia lo hicieron”.
En tanto, un especialista en derecho constitucional explicó a este medio que “medidas de este tipo violan la autonomía municipal consagrada en la Constitución Nacional; aunque cuando en la Provincia eso no se aplicó nunca”.
Hay que recordar que en 2017 Vidal propuso actualización de la 13.295 para hacer más exigentes las metas de endeudamiento, contratación de personal y de actualización de impuestos. Sólo 95 distritos adhirieron pero la mayoría oficialista. En el Peronismo, el artículo generó un fuerte malestar y ya se habla de plantear su inconstitucionalidad o directamente desconocerlo.
No es la única mala noticia. Además, el Ejecutivo propone que los municipios se hagan cargo de los $2.534 millones que aportaba la Provincia para la disposición de residuos. La decisión se basa en “el ordenamiento de las funciones de gasto y de la equidad horizontal, ya que el CEAMSE sólo se ocupa de los residuos de algunos municipios del Conurbano”.
En este caso el ajuste afecta a los 33 municipios que depositan su basura en los predios de la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado. Son todos los del área metropolitana más La Plata, Berisso, Ensenada, Magdalena y Brandsen.
Son 17 mil toneladas las que se depositan todos cada en cada una de las plantas de la CEAMSE, como producto de los desechos de los 14,5 millones de habitantes, el 36% de la población total del país.
“En 2019, el traspaso de responsabilidades de gasto desde Nación hacia Provincia exige revisar la asignación de funciones de gasto de cada nivel de gobierno. En esta línea, la gestión integral de los residuos sólidos urbanos constituye una función meramente municipal en todas sus etapas”, se explica en la ley de leyes.
En tanto, por ahora, a modo de compensación, las comunas del interior deberán hacerse cargo de unos $2.450 millones en materia de los subsidios al transporte automotor, que la Casa Rosada dejará de pagar. Todos por igual deberán costear la tarifa social de luz, unos 8.000 millones. En definitiva serían finalmente, $13 mil millones.
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