El Tribunal de Cuentas quedó casi desierto ante la renuncia del último vocal en funciones

Provincia de Buenos Aires
El último vocal en funciones del Tribunal de Cuentas de la Provincia, Miguel Teilletchea, está a punto de presentar la renuncia. Con el paso al costado, el organismo, que audita los “números” de la Administración Central, organismos descentralizados y municipios, entre otros, quedará prácticamente desierto: sólo su presidente Eduardo Grinberg se aferra al cargo.
La información fue difundida a través de una extensa nota publicada en el portal platense Infocielo, firmada por el periodista Eduardo Médici.
Teilletchea tiene una relación tirante con el Presidente y con su hijo, Ignacio -que se por algún motivo no fue alcanzado por las medidas contra el nepotismo que impulsa Vidal-, y espera resolver “cuestiones pendientes” esta misma semana. Sin embargo, fuentes confiables aseguraron que la decisión está tomada y que el funcionario, de perfil técnico y alejado de las roscas políticas, dejará el cargo desde el 31 de diciembre.
En rigor, el Tribunal de Cuentas funcionaba a medias: auditaba, pero sus fallos no eran vinculantes, porque, con sólo dos miembros, no reunía el quórum que le exige la ley. Eso redujo su carácter al de una especie de asesoría. En ese tiempo, controló el desempeño de la gestión de los dos primeros años del gobierno de Vidal. El resultado sorprende: ningún funcionario de alto rango tiene una multa, un cargo, una amonestación. Ni siquiera un llamado de atención.
Para adquirir una idea, en el último año de gestión Scioli, el HTC multó a Alejandro Granados, ministro de Seguridad; desaprobó gastos a su par de Producción, Cristian Breitenstein; cargos contra Cristina Álvarez Rodríguez, Walter Carbone, entre otros.
No siempre fue así: cuando María Eugenia Vidal asumió en la Gobernación, el Tribunal funcionaba a pleno. Pero en octubre de 2016, en el medio de denuncias contra la gestión Scioli, Cecilia Fernández, que auditaba las cuentas de la Administración Central, falleció. Su cargo nunca fue cubierto. Tampoco el de Héctor Giecco, que se jubiló en enero de 2018, tras 32 años en funciones. Ni el de Gustavo Fernández, que se fue meses más tarde.
Sin quórum, el trabajo de los 550 auditores y relatores que trabajan el Tribunal se publica como un informe que queda en manos de la Fiscalía de Estado, que en condiciones normales tiene la misión de ejecutar los fallos por la vía administrativa. Ahora sólo queda la vía judicial, en el fuero Contencioso Administrativo.
Las renuncias consecutivas de tres vocales en el lapso de un año llamaron la atención de buena parte de la política. Tanto como la poca predisposición del Gobierno para designar reemplazos, que se atribuyó siempre a una estrategia de negociación política, en la que esos cargos serían los “premios”. Lo cierto es que, en pleno tira y afloje por el Presupuesto, esos sillones vacíos vuelven a llevarse algunas miradas interesadas.