El muy complejo 2018, donde no se cumplieron ninguna de las pautas y postulados de política económica que el Gobierno había consensuado en el Congreso Nacional a fines de 2017, se resiste a concluir. Al menos eso es lo que se observa en la lectura del primer Boletín Oficial del nuevo año.
Una vez más, de modo sigiloso, y mientras la sociedad trataba de digerir la reglamentación del Impuesto a la Renta Financiera para residentes en el país; y los anuncios de aumentos de tarifas en el primer cuatrimestre de 2019, junto a la sorpresiva renuncia del Secretario de Energía, Javier Iguacel, Marcos y Peña y Nicolás Dujovne firmaron el 28 de diciembre la Decisión Administrativa 1955 e inicialaban las 25 planillas anexas, en las que disponían recortar a casi la mitad el aumento en $192.100 millones el máximo permitido de déficit en las cuentas de la Administración Central que habían dispuesto a lo largo del último año.
Repentinamente, los funcionarios se encontraron, después de una seguidilla de malas noticias, con que las finanzas públicas de 2018 mejorarían en nada más y nada menos que en $95.932 millones, como resultado del ingreso por «la venta de terrenos y tierras fiscales por parte del Ministerio de Defensa» que se destinarán al pago de «deudas directas de la Administración Central», en concepto de pagos de intereses y comisiones por $53.552 millones, y recortar «Asistencias en servicios económicos del Tesoro Nacional» en otros $30.028 millones.
Cor la venta de terrenos y tierras fiscales y renta de la Anses se lograron ahorro en concepto de pagos de intereses y comisiones por $53.552 millones, y recortar Asistencias en servicios económicos del Tesoro Nacional en otros $30.028 millones
Adicionalmente, la norma da cuenta del ingreso de $772 millones para el Ministerio de Defensa y autorizaciones de mayores gastos por parte de los Estados Mayor del Ejército y de la Fuerza Aérea por unos $900 millones.
Mientras que se sumó a los recursos de la Administración Central el producido de las rentas del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses, que se estimó en un número redondo de $12.500 millones.
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