La Corte Suprema de Justicia desestimó el amparo colectivo contra las resoluciones del Ministerio de Energía y del Enargas, que autorizaron aumentos en las tarifas de gas.
El máximo tribunal del país sostuvo que la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires carece de legitimación para impugnar resoluciones adoptadas por autoridades nacionales en 2017, relacionadas con el aumento en las tarifas del gas.
Con ese argumento, el tribunal desestimó el amparo colectivo contra las resoluciones 74-E del Ministerio de Energía y Minería; y 4354, 4356, 4357, 4358 y 2017 (todas de 2017) y sus modificatorias, del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) sobre precios y cuadro tarifario.
Fuentes vinculadas con la causa 28.359/2017 recordaron que el defensor del pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, promovió la demanda al considerar que los cargos impositivos que se incluían en las facturas del servicio eran “confiscatorios”.
La Cámara Federal de La Plata rechazó, sin darle trámite, esa presentación y el recurso extraordinario contra esa decisión, lo que llevó a que la defensoría planteara una “queja” ante la Corte.
La sentencia de la Cámara fue ratificada en la Corte con la firma del presidente Carlos Rosenkrantz y los ministros Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda, mientras que Horacio Rosatti votó por la desestimación del recurso por “inadmisible”.
