La irrupción de policías, registrada en una escuela de Banfield el 17 de mayo último, impulsó la presentación de un proyecto de ley de la diputada Karina Nazábal, del FPV-PJ, para evitar el ingreso de efectivos armados, sin orden judicial a establecimientos educativos de la provincia.
Según la iniciativa de la diputada, ningún policía entrará sin orden escrita, previa y fundada, de autoridad judicial o surgida de los propios responsables legales de esos establecimientos. En caso de ser necesario, por haber menores involucrados, sea por manda de la Justicia o pedido de los directivos, la notificación debe ser cursada en forma inmediata al asesor o asesora de incapaces, y no podrán llevar armas o municiones letales dentro de las instalaciones.
Según explicó la legisladora, «el proyecto se fundamenta en el reclamo de sectores de la comunidad educativa frente a procedimientos arbitrarios y violentos que han llevado a cabo personal de fuerzas de seguridad dentro de establecimientos educativos».
En este sentido, planteó que «es necesario regular estos ingresos para que los alumnos y alumnas, al igual que los y las docentes desarrollen las actividades académicas en un ambiente seguro y saludable; salvaguardando su integridad y respetando los derechos de las personas».
Como remedio para el eventual desmadre de alguna fuerza de seguridad provincial, Nazabal entiende que esta propuesta es abarcativa para colegios públicos y privados, institutos terciarios y universitarios bonaerenses.
El principio rector es la protección de los chicos, sobre todo porque muchos colegios son el muro de contención de sectores sociales y económicos más vulnerables, que hallan en los comedores diarios el plato caliente que les falta en sus hogares.
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