Después de las elecciones, el gobierno nacional aprobó en reunión de Gabinete de Ministros modificaciones presupuestarias para el resto del año, como consecuencia de los efectos de la aceleración de la inflación a un rango de 53%, frente a 39%, derivada de la nueva devaluación, porque afectaron las partidas salariales y de jubilaciones, atadas a la movilidad jubilatoria, y la carga del servicio de intereses y comisiones de la deuda pública.
El Gobierno requiere recurrir cada vez más a mecanismos de financiamiento dentro del propio Estado para afrontar la necesidades del Tesoro Nacional. A través de un Decreto (740/2019) publicado este martes en el Boletín Oficial, se dispuso que distintos organismo del Estado deberán constituir una “aplicación financiera gratuita” a favor del Tesoro Nacional por $86.000 millones en total. Entre ellos están el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, el Ente Nacional de Comunicaciones, la Superintendencia de Seguros de la Nación y el Instituto Nacional de Promoción Turística.
De esta forma, el Poder Ejecutivo busca fondos para hacer frente a las necesidades financieras del Tesoro Nacional. Para activar este mecanismo —que se realizará a través de pagarés a esos organismos— se basó en la Ley Nº 11.672, que permite al Poder Ejecutivo a disponer “aplicaciones financieras” a título gratuito por parte de jurisdicciones y entidades de la Administración Nacional a favor del Tesoro para “atender el financiamiento de sus gastos”. Esas inversiones pueden constituirse por un plazo de hasta 90 días.
Pero Infobae analizó el detalle del Anexo 1 del Decreto 740, con 278 folios, y detectó que las modificaciones presupuestarias y autorización de gastos no contemplados en el Presupuesto ajustado del corriente año suman unos $630.000 millones, equivalente al 12,8% del total, de los cuales se financian con recursos adicionales, principalmente rentas de propiedad (ganancias) del Banco Central por $204.24 5millones; y otros recursos por $102.000 millones.
De ahí surge que de ejecutarse plenamente el total de las nuevas partidas presupuestarias se aumenta el déficit total en $303.700 millones, un 36,5% más de lo previsto en el presupuesto original ajustado. El grueso de este desequilibrio se explica por el aumento de las partidas para el servicio de la deuda pública, intereses y comisiones por $308.693 millones.
La justificación para realizar estos pagarés es la necesidad del Estado nacional de incrementar su presupuesto para pagar gastos salariales y de funcionamiento de varios organismos. Por ejemplo, incorporar el impacto de las normas y medidas dictadas durante este año que autorizaron incrementos salariales del personal militar de las Fuerzas Armadas, personal de la Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y Servicio Penintenciario Federal. Estas medidas recomponen también los haberes de los jubilados, retirados y pensionados de esas fuerzas armadas y de seguridad. Suman poco más de $106 mil millones.
“Dado el nuevo contexto y su impacto en el régimen de movilidad, corresponde incrementar el presupuesto de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses), con el objeto de hacer frente al pago de prestaciones previsionales y asignaciones familiares”, se expresó en el texto del decreto.
Una de las necesidades de fondos del Tesoro es responder a las medidas cautelares solicitadas por varias provincias respecto a la reducción del IVA y del Impuesto a las Ganancias que fue dispuesta por el Gobierno. La Corte Suprema estableció que la aplicación de esas medidas no puede afectar los fondos de coparticipación de a las provincias Por eso, deben ser asumidos con recursos propios del Estado Nacional.
