El Defensor del Pueblo Adjunto de la provincia de Buenos Aires, Walter Martello, advirtió este viernes sobre la necesidad de que el Estado instrumente una campaña de publicidad destinada a la “concientización de los daños que produce el vapeo” al considerar que “4 de cada 10 usuarios no conoce si lo que inhala tiene nicotina”.
En ese sentido, alertó sobre la creencia de que los cigarrillos electrónicos o dispositivos similares, como el IQOS –un híbrido entre vaporizador y producto de tabaco tradicional–, resultan inocuos o de escaso impacto en la salud.
«Es una idea que busca ser instalada por las propias tabacaleras, que a su vez son las que controlan gran parte del negocio”, precisó Martello en un comunicado.
Según recordó el funcionario, un estudio de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (ex Sedronar) publicado en 2018 reveló que «más del 60% de las personas que utilizan cigarrillos electrónicos lo hacen creyendo que sirve para dejar de fumar, pese a no existir evidencia científica que lo avale”.
“El 50% de los usuarios más jóvenes no sabe si lo que están inhalando contiene o no nicotina” y expresó su preocupación ya que “el 82% de los jóvenes de hasta 17 años que vapea declara que lo hace simplemente porque sí”.
Además, indicó que pese a que su uso se ha masificado en la última década, los vapeadores no son nada nuevo, ya que el primer cigarrillo electrónico fue patentado en la década del 60 y a partir de los años 2000 surgieron nuevos dispositivos con y sin utilización de nicotina.
Martello afirmó que la mayor tabacalera del mundo, que controla más del 70% del mercado de cigarrillos en la Argentina, promociona actualmente los IQOS (que alude a “dejé de fumar de manera común”, en inglés).
La propia tabacalera afirma en su página web sin mostrar evidencia científica, que posibilitó que 8,8 millones de personas dejarán de fumar, añadió Martello.
La importación y comercialización de cigarrillos electrónicos en la Argentina fue prohibida hace nueve años por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).
“La resolución de la ANMAT fue ratificada en 2016 y 2018. Pero los controles y la fiscalización por parte del Estado nacional son de nulo cumplimiento” concluyó Martello, que está a cargo del Observatorio de Adicciones y Consumos Problemáticos de la Defensoría del Pueblo bonaerense.
