El gobierno de Axel Kicillof firmó un decreto para crear una mesa de diálogo que apunte a solucionar de inmediato la superpoblación en cárceles.
«Queremos que se advierta que hay una posición firme de este gobierno de asumir este desafío grave y pensar medidas que tiendan a su solución», explicó el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia, Julio Alak, tras participar de una reunión de gabinete en Casa de Gobierno, en La Plata.
La realidad representa una emergencia, teniendo en cuenta que las condiciones de vida en los centros de detención se agrava e incluso, llevó a que mucho de los detenidos lanzaran huelgas de hambre como medida de protesta.
De hecho, la Suprema Corte de Justicia bonaerense ya había remarcado de la necesidad de instrumentar una mesa con representantes de los tres poderes del Estado, así como también organizaciones de derechos humanos, la Defensoría del Pueblo y la Iglesia católica.
Por eso, Alak explicó que el objetivo de esa mesa será la de «analizar en forma institucional los reclamos que vienen efectuando los internos que están en el Servicio Penitenciario Bonaerense en cuanto a sus condiciones de detención».
“La herencia de superpoblación penitenciaria es tremenda», explicó y detalló que las cárceles bonaerenses «tienen una capacidad para alojar a 23.000 personas pero aquí hay 49.000 internas e internos», por lo que evaluó que «tenemos la superpoblación penitenciaria más grande del país».
«Hay cuatro mil detenidos con prisión domiciliaria y otros cuatro mil en comisarías», apuntó Alak y aseveró que el universo total de detenidos asciende a 57.000.
Los antecedentes sobre el tema en la provincia dejaron un saldo de sucesivas tragedias. O en boca de algunos organismos de Derechos Humanos, de “masacres”. Como la ocurrida en la comisaría 1° de Pergamino en marzo de 2017, donde murieron siete jóvenes en un incendio evitable.
Un año después, en Esteban Echeverría, un similar hecho dejaría el saldo más grave en la historia de las comisarías del país: un incendio que se habría originado tras una protesta, terminó con diez muertos. En ambos casos, la policía quedó en la mira de la justicia, ya que se comprobó que no accionó para evitar el siniestro.
HUELGAS
Respecto de las huelgas de hambre en una veintena de unidades penitenciarias, Alak dijo que «la resolución de la Corte sobre la mesa de diálogo abrió un camino esperanzador con levantamiento de las medidas de fuerza y las huelgas en muchas unidades».
«Esperemos que con el correr de los días se vaya normalizando la situación respecto de la provisión de alimentos y medicamentos», indicó y dijo que por el momento mantendrá a Xavier Cáceres como titular del SPB.
El ministro de Justicia también expresó que la infraestructura penitenciaria «está en una grave crisis, en muchos casos es obsoleta y en otros hay situaciones de riesgo» y agregó que «hacen faltan más espacios».
