La decisión por Decreto del Poder Ejecutivo de planchar el aumento de las jubilaciones en el 6,12%, pone al descubierto el rostro más inhumano del actual gobierno.
En los últimos 4 meses, la inflación en el precio de los alimentos ha sido superior al 15% y la de medicamentos del 17%. Aumentarán mucho más en junio y los jubilados deberán soportar la llegada del invierno y sus consecuencias en la salud en esas condiciones.
Todos los gobiernos prometen mejoras pero cargan sobre los jubilados el costo de las crisis, las emergencias, como también gastos y errores.
Las promesas de Alberto Fernández se esfumaron rápidamente y dejaron al descubierto que los cambios en la ley no iban a ser para mejor. Al contrario, el ajuste por decreto, además de quedar por debajo de la inflación y las necesidades de la canasta básica, hasta les hace perder lo poco que les había reconocido la ley del gobierno de Macri. Apenas casi la mitad de lo que les hubiere correspondido.
Eso hace que la decisión sea, además de injusta y arbitraria, claramente inconstitucional por implicar un retroceso en los derechos adquiridos, y por la obligatoria progresividad de los derechos humanos.
Pero también los jubilados quedarán atrapados en la deserción que estamos viendo en un poder judicial que no asume responsabilidades frente a la crisis, sigue «de feria» y los únicos que parecen tocar papeles son los que sirven a la impunidad del poder.
Argentina atraviesa la peor crisis económica, con una pobreza que ya afecta a más de la mitad de la población y siempre los mismos, pagan los platos rotos.
La política nacional no ha hecho gestos. Bajar los sueldos de los funcionarios podría verse como un gesto de demagogia, usan como pretexto. Y no se les cae la cara de vergüenza cuando les sacan a los jubilados lo que en realidad les corresponde.
Exigimos una inmediata rectificación de la medida y del rumbo, la convocatoria al Consejo Económico y Social y la conformación de un comité de crisis para abordar la problemática económica, social, productiva y del empleo.
La emergencia por la pandemia no puede tener hijos y entenados. El esfuerzo debe ser de todos, empezando por los grupos más favorecidos y garantizando los mínimos derechos de una vida con dignidad para los niños y los adultos mayores.
Sergio Abrevaya
Secretario General
Margarita Stolbizer
Presidenta
