La Cámara Federal porteña decidió remitir la denuncia penal presentada el 15 de abril pasado por un abogado y empresario Pyme dedicado a importar este tipo de artículos, al Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas 28 de la Ciudad de Buenos Aires
La Cámara Federal porteña resolvió que una denuncia por presuntos sobreprecios en la compra de barbijos por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires debe tramitarse en la justicia penal, contravencional y de faltas porteña.
«Con los datos objetivos con que se cuenta respecto de los hechos -vinculados a contrataciones y compras supuestamente fraudulentas de elementos sanitarios, realizadas en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires por funcionarios públicos- no se observa, de momento, la afectación de algún interés federal que motive la intervención de este fuero de excepción», concluyó el Tribunal de Apelaciones en la resolución a la que accedió Télam.
La Cámara decidió remitir la denuncia penal presentada el 15 de abril pasado por un abogado y empresario Pyme dedicado a importar este tipo de artículos, Mariano Alonso Maneiro, al juzgado Penal, Contravencional y de Faltas 28 de la Ciudad.
En este juzgado ya se investiga otra denuncia presentada por hechos similares, por lo cual se remitió por «conexidad».
El Tribunal de Apelaciones confirmó así una decisión al respecto del juez federal Rodolfo Canicoba Corral, quien recibió la denuncia en primera lugar y se declaró incompetente.
«Corresponderá que sea la justicia penal local -que por cierto previno sobre la base de una denuncia análoga anteriormente radicada- la que deba en principio conocer en la investigación de las maniobras», concluyó la Cámara.
Señaló también que si en un futuro se constatase «algún extremo que modifique el panorama actual (como las hipótesis de supuestos todavía potenciales que desarrolló el pretenso querellante al apelar e informar ante la Alzada), pueda resultar viable una revisión sobre la competencia material».
La denuncia se presentó contra el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta y funcionarios de su gestión por supuesto «fraude contra la administración pública, negociaciones incompatibles» y «malversación de caudales públicos» por la compra directa de barbijos a un valor unitario de 3 mil pesos, para prevenir la Covid-19, la enfermedad que causa el nuevo coronavirus. (Telam)
