Ahora, la investigación apunta a saber si también espiaban a los políticos y empresarios ligados al kirchnerismo que estaban presos en distintas causas judiciales. Esta semana, comienza a presentarse en Lomas de Zamora como víctimas una veintena de los vigilados
El escándalo por el espionaje ilegal a políticos, dirigentes, religiosos y periodistas durante el gobierno de Mauricio Macri tomará envión esta semana. Es que a partir de este lunes comenzarán a desfilar por el despacho del juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena los primeros citados en la lista de vigilados. Por el voltaje político de la investigación, la expectativa está puesta en la vicepresidenta Cristina Kirchner.
Aunque la esperan desde este mismo lunes, la decisión sobre cuándo se hará presente en esos tribunales depende de ella. Ni desde fuentes judiciales ni desde el entorno de la ex jefa de Estado pudieron confirmar a Infobae el momento de su presentación. Una primera justificación era preventiva: esquivar el amontonamiento que podría provocar el anuncio de su presencia en medio del coronavirus. La segunda razón estaba ligada a evitar el show mediático. El tercer motivo, comentaban en voz baja los consultados, es que “Cristina suele manejar sus propios tiempos”.
La investigación promete deparar más sorpresas en los próximos días. Villena quiere saber si la misma banda, desde otra célula, se encargaba de espiar y monitear a ex funcionarios y empresarios ligados al kirchnerismo que fueron presos en distintas causas, como el ex vicepresidente Amado Boudou, el hoy Procurador del Tesoro Carlos Zannini, el piquetero Luis D’Elía y los empresarios Lázaro Báez o Cristóbal López.
Algunos de esos nombres ya fueron “escuchados” en prisión y sus diálogos telefónicos constan en la causa que se dio a conocer como “Operación Puf” y que se difundieron mediáticamente. Se trata de la denuncia que motorizó en Comodoro Py la diputada Elisa Carrió cuando se destapó el escándalo cuando Marcelo D’Alessio fue fotografiado en Pinamar con el fiscal de la causa de los cuadernos Carlos Stornelli. En el caso que investiga el juez de Dolores Alejo Ramos Padilla, D’Alessio también decía que trabajaba para los servicios de inteligencia haciendo distintas investigaciones y que le habían prometido ser jefe de Contrainteligencia. Y hay al menos dos de los acusados en ese caso que sí cumplieron funciones oficiales en la central de espías. Las escuchas que conforman “la causa Puf” y tramitó el juez Claudio Bonadio, con Stornelli como querellante, habían sido ordenadas originalmente por Villena cuando investigaba si un narco ya preso seguía operando detrás de las rejas en nuevos delitos.
Ahora, en esta nueva causa, Villena allanó las oficinas de la Dirección de Análisis de Información del SPF, el sector de inteligencia al que se lo conoce como “Área 50”. Hay por lo menos dos ex penitenciarios y agente de la AFI involucrados. Uno es L.A, a quien le encontraron un teléfono en donde había “muchísima información”. Al otro se lo menciona como J.S. (Sus nombres se señalan con iniciales por ser aún agentes de inteligencia).
Ambos aparecen ligado a Facundo Melo, quien también es agente de inteligencia pero se expuso él mismo en un programa de televisión lo que le valió una denuncia de la propia AFI. Melo, de profesión abogado y con contactos con barrabravas, era defensor en la causa de Independiente, en la que estaban investigados Hugo y Pablo Moyano.
Melo apareció en la causa delatado por el narcotraficante Sergio “Verdura” Rodríguez, preso por Villena en una causa de narcotráfico que, queriendo mejorar su situación, contó que ese abogado lo mandó a darle un mensaje de advertencia -en forma de atentado- al ex funcionario de Defensa de Mauricio Macri, José Luis Vila. El susto era un paquete bomba que se dejó en la puerta de su ex casa, en un edificio de la calle Callao en barrio Norte.
Ahora, tanto Melo como L.S. buscan apartar al juez Villena de la causa. Presentaron en Comodoro Py 2002 una denuncia en su contra y lo recusaron. Lo cierto es que ninguno quiere quedar “pegado” como los responsables de actividades que, entienden, fue en el marco de la órdenes que cumplían para la AFI. Su superior era A.R., quien era “jefa de operaciones” en la AFI.
Las miradas, entonces, apuntan hacia arriba. Incluso hay grabaciones en donde se escucharía a A.R. hablando de “Silvia” y de cómo eran los mecanismos para operar cuando no había una causa judicial que lo justificara. También en donde se explicaría cómo se habrían manipulado teléfonos de personas que visitaban a los presos en la cárcel y que dejaban sus celulares guardados durante esos encuentros con los detenidos, confirmaron a Infobae fuentes con acceso al caso.
En los años de Macri la AFI estuvo en manos de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani. A ellos ya los imputó, junto al propio Macri, el fiscal Jorge Di Lello. Lo hizo la causa que radicó en Comodoro Py hace dos semanas la actual interventora del organismo de los espías Cristina Caamaño, cuando se encontró un disco rígido borrado en el que se recuperó información. Aparecieron ahí los mails de más de 80 personas, algunas de ellas vinculadas a la política, como referentes del Cambiemos –Laura Alonso, Ángel Rozas, Ernesto Sanz-, de la oposición -la vicegobernadora bonaerense Verónica Magario, la ministra Elizabeth Gómez Alcorta, el legislador y ex ministro de Trabajo Carlos Tomada-, sindicalistas –Héctor Daer-, policías –Hugo Matzkin, ex Jefe de la Policía Bonaerense- y periodistas como Luis Majul.
La AFI radicó también el viernes otra denuncia contra el Gobierno de Macri por violación a la ley de inteligencia: la que acusa de haber moniteado a más de 400 periodistas que cubrieron la cumbre del G20 y de la OMC en 2017 y 2018 en Buenos Aires, además de a otro centenar de dirigentes de organizaciones sociales y políticas, académicos y empresarios.
Pero la causa que más intriga al mundo político no surgen de las que presentó Cristina Caamaño sino de las que se disparó a través del narcotraficante “Verdura” y en la que el juez Villena y la fiscal Cecilia Incardona analizan unos unos 1500 documentos que acreditan vigilancias, seguimientos, fotos y filmaciones, con apodos a los blancos del espionaje y hasta sistema de “postas” en la cadena de monitoreos.
La causa apunta a «una organización criminal dedicada a la realización de actos de espionaje interno desde el Estado Nacional, Provincial y Local” , a través de agentes de inteligencia o miembros de fuerzas de seguridad, “en distintos períodos y abarcando diversas jurisdicciones”. Por ahora hay una veintena de personas citadas a Lomas de Zamora en el marco de la ley de la víctimas: quieren mostrarle la prueba que los involucra para que puedan presentarse en el expediente como querellantes.
Cristina Kirchner no es la única citada en los tribunales de Lomas de Zamora para esta semana. La veintena de convocados incluye al jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta y su vicejefe Diego Santilli; la ex gobernadora María Eugenia Vidal y su ex ministro de Seguridad Cristian Ritondo -hoy jefe de bloque de diputados del PRO-; el diputado Waldo Wolff y los ex diputados Nicolás Massot, quien fue jefe de la bancada macrista en Diputados; y Emilio Monzó, quien comandó la Cámara baja durante la gestión macrista.
El juez Villena también dispuso la citación del ex presidente Eduardo Duhalde, los gremialistas Hugo Moyano y Luis Barrionuevo, la diputada e integrante del Consejo de la Magistratura Graciela Camaño -esposa de Barrionuevo-, el senador del FdT Maurice Closs, los intendentes de Lomas de Zamora Martín Insaurralde y de Avellaneda Jorge Ferrari y ex intendente de La Plata Pablo Oscar Bruera.
La lista de convocados también incluye al juez Martín Irurzun, el presidente de la Cámara Federal porteña; el presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, monseñor Jorge Lugones y el sacerdote José María Di Paola, conocido como “Padre Pepe”; los periodistas Hugo Alconada Mon y Marcelo Veneranda, del diario La Nación; integrantes de la Comunidad del Pueblo Mapuche en Argentina y Salvatore Pica, novio de Florencia Macri, hermana menor del ex presidente.
Cristina Kirchner sostiene que durante el gobierno de Macri se llevó adelante una persecución política en su contra a través de las causas judiciales, conocido como “lawfare”. Y que por eso se llevaron adelante las investigaciones en las que terminó procesada y enviada a juicio oral, tanto en expedientes por decisiones políticas (como “dólar futuro” o «Memorándum) como en denuncias por corrupción (obra pública, Los Sauces, Hotesur, cuadernos).
Pero ya en 2018, Cristina Kirchner había denunciado en sus redes sociales que la espiaban. “Ayer por la mañana dos personas sin identificación alguna intentaron colocar tres cámaras y un domo en la esquina de mi casa, aquí en Buenos Aires. Personal de la policía federal que integra la custodia advirtió esta situación y les consultó qué tipo de tareas estaban realizando”, contó. Señaló que eran de una empresa y que debían colocar cámaras por disposición del Ministerio de Seguridad. Pero no tenían credenciales y después de recibir un llamado se fueron “Raro ¿no?”, dijo la ex presidenta. Agregó que reportaron la situación en el juzgado de turno, en manos en ese momento de Claudio Bonadio, a quien acusó de no haber hecho nada. (Infobae – Por Patricia Blanco – Foto Franco Fafasuli)
