Treinta y ocho años después del conflicto armado entre la Argentina y el Reino Unido por la soberanía territorial de las islas, un centenar de soldados todavía continúa en batalla, tratando de demostrar ante la Justicia cómo fueron torturados por militares de su propia tropa durante el desarrollo de la guerra
Treinta y ocho años después del conflicto armado entre la Argentina y el Reino Unido por la soberanía territorial de las Islas Malvinas, un centenar de soldados todavía continúa en batalla, tratando de demostrar ante la justicia cómo fueron torturados por militares de su propia tropa durante el desarrollo de una guerra que para ellos, parece no tener fin.
El combate no es esta vez en los congelados parajes del archipiélago del Atlántico Sur, sino en las oficinas del Juzgado Federal de Río Grande, en Tierra del Fuego, donde se tramita la causa Nº 1777/07, caratulada «Pierre Pedro Valentín y otros sobre delitos de acción pública».
Los preparativos de esta batalla comenzaron muy lejos de las Malvinas, en la provincia de Corrientes, quince años atrás.
Todo empezó con la proyección de la película «Iluminados por el fuego», de Tristán Bauer y Edgardo Esteban, organizada por la Subsecretaría de Derechos Humanos correntina.
Al final del evento, varios excombatientes que estaban en la sala se quedaron en sus butacas, visiblemente conmocionados, con lágrimas en los ojos, y no era solo por haber rememorado los combates contra los ingleses.
El subsecretario Pablo Bassel habló con ellos, comenzó a citarlos en su despacho y a escuchar lo que tenían para decir: todos reconocieron haber sido víctimas de torturas cometidas por oficiales y suboficiales argentinos durante la propia guerra.
«Durante dos años reunimos esos testimonios y en 2007 concretamos la denuncia penal en Río Grande, con los primeros 25 casos. Fue fundamental el contexto de la política nacional de ese momento, que se centraba en la memoria, la verdad y la justicia», recordó el exfuncionario durante una charla abierta organizada por la Universidad Nacional de Tierra del Fuego (Untdf).
Según Bassel, la tortura «está prohibida en todos los ordenamientos jurídicos, inclusive durante la guerra contra soldados enemigos, así que mucho más lo está contra combatientes de la misma tropa», explicó.
Pero llevar el caso a la justicia había sido recién el comienzo de la guerra legal: había otras batallas por dar, como por ejemplo convencer a los jueces de que se trataba de delitos de lesa humanidad, y por lo tanto no estaban prescriptos.
Aunque esa cuestión todavía sobrevuela la estrategia de los abogados defensores, y seguramente volverá a ser planteada, la justicia dio un paso fundamental para el avance de la investigación, cuando en diciembre de 2018 citó por primera vez a prestar declaración indagatoria a 18 de los 95 imputados que tiene hasta el momento la causa.
Un año después, el 5 de diciembre de 2019, declararon los dos primeros acusados: Eduardo Luis Gassino y Miguel Ángel Garde, y al día siguiente, otros dos: Belisario Gustavo Affranchino Rumi y Gustavo Adolfo Calderini.
Además del fiscal de Río Grande Marcelo Rapoport, esas declaraciones fueron presenciadas por la titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad (PCCH) María Ángeles Ramos, quien afirmó que las víctimas de estos hechos «sufrieron agresiones contra la integridad física y psíquica», que constituyen «verdaderos crímenes de lesa humanidad», sostuvo.
En febrero de este año, la jueza Borruto dictó los primeros procesamientos contra Gassino, Garde, Affranchino Rumi y Calderini, integrantes del Regimiento de Infantería Nº 5 Paso de los Libres, que durante el conflicto bélico ocupó lugar en la posición de «Puerto Yapeyú» o «Puerto Howard».
A Garde se le imputaron 18 hechos, a Affranchino Rumi dos (uno de estaqueamiento y el otro de enterramiento de soldados) a Gassino el enterramiento de cinco soldados y a Calderini el estaqueamiento de dos.
Uno de los hechos, por ejemplo, comprende el enterramiento de cinco soldados por sacrificar una oveja para comer, mientras que otro refiere la muerte de dos soldados durante esos vejámenes.
Silvio Katz, uno de los excombatientes denunciantes en el caso, contó que por su origen judío fue víctima de persecuciones, y que durante la guerra, «había un militar de pensamiento nazi que me perseguía todo el tiempo. Me insultaba y me decía judío de mierda. Y cuando se dio cuenta que ya no me molestaba, comenzó a estaquearme a la intemperie, con temperaturas de 10 o 15 grados bajo cero», relató en el testimonio brindado a la Untdf.
También detalló que fue obligado a comer entre las deposiciones de otros soldados y a sumergir las manos en agua helada.
«Así se comportaban con los soldados de piel oscura, o con los que ellos consideraban tontos. Si no hubiera sido por mi familia y por la ayuda psicológica que recibí, jamás podría haber superado esto», agregó el exconscripto.
La jueza Borruto hizo lugar en mayo pasado a un pedido del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (Cecim) que interviene en la causa como parte querellante, y citó a indagatoria a otros seis ex militares: Omar Edgardo Parada, Emilio José Samyn Duco, Jorge Guillermo Díaz, Jorge Aníbal Santiago Cadelago, Horacio Francisco Vlcek y Jorge Raúl Masiriz.
Esta semana, la jueza dispuso la modalidad en que se realizarán esos actos, de manera virtual y con las restricciones sanitarias propias de la pandemia de coronavirus.
«No fuimos a la guerra con San Martín, sino con Galtieri y su banda. Ojalá la justicia no deje morir a un combatiente más, sin juzgar a sus torturadores. Esa es la batalla que, 38 años después, continúa librándose», aseguró Katz. (Telam – Por Gabriel Ramonet)
