Denuncian privatización: Sigue el reclamo tras la creación de «Corredores Viales S.A.»

La Unión de Usuarios Viales se sumó a la inquietud y exige al gobierno que no elimine la Dirección Nacional de Vialidad «No deja dudas del inicio de un proceso de privatización que evade todos los ámbitos de contralor del Estado», aseguran.

Desde la oficialización de un decreto del Poder Ejecutivo que constituye la sociedad de «Corredores Viales S.A.» y que distribuye las acciones entre el Ministerio de Transporte de la Nación (51%) y la Dirección Nacional de Vialidad (49%), comenzaron las sospechas y las conjeturas sobre un supuesto comienzo de privatización del área. Tal es así que el Sindicato Único de Trabajadores de los Peajes y Afines y el Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial, ya presentaron sus reclamos ni bien se dio a conocer la medida.
En ese marco, la Unión de Usuarios Viales también mostró su preocupación y expresó «la contrariedad generada ante la decisión temeraria, que ‘da por tierra’ el marco jurídico y de contralor, sobre la autoridad del Estado en cuestiones de infraestructura vial, conformando a nuestro entender un camino de eliminación de la Dirección Nacional de Vialidad, soslayando la competencia del Congreso Nacional».
Asimismo indicó en un comunicado que «no deja dudas del inicio de un proceso de privatización que evade todos los ámbitos de contralor del Estado, creando una Sociedad Anónima por decreto, pasando por encima de la Ley que creó la DNV y transfiriendo competencias de manera ilegal, por tanto que Corredores Viales S.A. no será alcanzada por las disposiciones de la Ley nacional de Procedimientos Administrativos Nº 19 549, tampoco por el decreto Nº 1 023/2001 del Régimen de Contrataciones de la administración Nacional, ni de la Ley de Obras Públicas Nº 13 064».
Entonces explicó que «conformando esta modalidad, una estructura de negocios que escapa a los controles del Estado y de sus funciones indelegables, evocando los planes de construcción de viviendas de años anteriores, en los que se creaba un estado paralelo, evadiendo controles y legislación regulatoria, eliminando la referencia Estatal».
Luego aseguró que «esta decisión ignora el Art 14 de la Constitución Nacional y el Derecho de un Bien de uso Público, que dota a estos de ‘inalienabilidad, inembargabilidad e impresciptibilidad'».