La negociación por el manejo de la pandemia en el AMBA está casi resuelta. Pero el caso de Lucas Astudillo Castro podría tener un correlato político grave
Pese a la elevada expectativa social imperante, es probable que la definición, en diálogo con Horacio Rodríguez Larreta, de la nueva etapa de la cuarentena en el Conurbano no sea el principal problema en el horizonte inmediato de Axel Kicillof. La evolución de la investigación de la desaparición del joven Facundo Astudillo Castro puede tener un correlato político inquietante, que podría afectar a su ministro más problemático, Sergio Berni, y a un área ultra sensible: la seguridad.
El futuro de la cuarentena en el AMBA comenzará a ser definida mañana, en la sede del gobierno porteño, por Kicillof y Larreta. Aún quedan medidas por negociar, pero ambos llegan a ese encuentro con un piso de acuerdo básico: el sábado 18 volverá a regir la fase 3 en el extenso territorio de más de 16 millones de personas sobre el que gobiernan. Solo una catástrofe epidemiológica podría revertir esa certeza. Esto es: que se dupliquen los casos actuales, que en provincia promedian los 2200.
En ambas administraciones hay voluntad de “abrir” todo lo que se pueda, por motivos económicos y de clima social. Pero es una decisión en la que influyen también algunos incentivos cruzados. Intendentes peronistas del Conurbano piden por caso una coordinación estricta con medidas idénticas, mientras que es probable que parte de la base electoral de Larreta haya enviado, el jueves, en la marcha de protesta, un mensaje en favor de la apertura, aunque esta sea unilateral.
Sin embargo, eso no parece haber horadado la voluntad de sostener el “acuerdo estratégico” de ambos mandatarios. Esa solidaridad política fue elogiada por el presidente Alberto Fernández ante sus 22 pares gobernadores, en una reunión durante la semana en la que puso a Kicillof y Larreta de ejemplo de cómo deben manejarse las cosas “pese a que hay terceros que quieren sembrar discordia”, una alusión directa a las presiones internas en ambos campamentos.
Está claro que todo eso no significa que no pueda haber algunas medidas disímiles, sino que seguirá habiendo cooperación. La explicación es sencilla. Se trata de la etapa de “Stop and Go” en la que se está entrando: no se pueden dinamitar puentes si más adelante la situación sanitaria indica que hay que volver a coordinar un cierre. Lo que está sucediendo en distritos del interior como Mar del Plata o Dolores es un ejemplo de que la situación está lejos de estar controlada.
¿Cuáles pueden ser esas diferencias? Una, evidente, es la práctica de deportes individuales. Larreta podría querer habilitar a los famosos runners. A Kicillof, que duda sobre una medida similar en PBA, no le parece mal. Más complejo, por caso, es la flexibilización porteña a shoppings: inducen a viajar a trabajadores que del Conurbano. Ese es el tipo de cosas que resta arreglar. En PBA tienen un objetivo secreto: que el finde largo de octubre el turismo ya funcione a pleno.
Antes, se anunciará un paquete económico para la post pandemia que ya está casi definido y podría hacerse público en las próximas horas.
Mientras, el caso de Astudillo Castro, el chico de 22 años desaparecido el 30 de abril mientras viajaba de Pedro Luro a Bahía Blanca contraviniendo la cuarentena, amenaza con volverse un problema político para Kicillof. Se investiga como desaparición forzada y la policía bonaerense fue apartada de las pesquisas. Si llegasen a confirmarse las sospechas de un crimen con participación de uniformados, la situación de Berni podría complicarse.
El ministro dijo que en principio no tiene elementos que impliquen a policías, pese a que testigos citados en la causa dicen haber visto como subían a Facundo a un móvil cerca de Teniente Origone, luego de firmar un acta de infracción en Mayor Buratovich. Berni parece inclinarse por la hipótesis que había guiado las pesquisas de la justicia provincial hasta que fue apartada del caso, que apuntaban al entorno de Lucas y no a la policía.
Kicillof dijo por su que no tolerará abusos ni encubrimientos y llamó, ayer por la mañana, a la madre de Facundo. El gobernador detecta contradicciones: la mujer le dijo que los GPS de los móviles policiales presuntamente implicados no fueron entregados a la Justicia y su ministro que sí. Podría tratarse de un problema de información, pero también de otra cosa. Por ahora, Kicillof, afirman en su entorno, cree en el accionar de buena fe de su ministro.
Habrá que ver qué resultados tiene la justicia federal, que quedó a cargo de la causa. Pero en el gobierno creen ver, en paralelo, una trama política que los inquieta. Algunos organismos de DD.HH. podrían estar utilizando el caso como un insumo en la batalla que vienen sosteniendo contra Berni. (DIB – Por Andrés Lavaselli)
