«En 2019, la Corte resolvió 29.191 causas, cuatro veces más que el año anterior. La mayor cantidad de temas resueltos corresponden a penal, laboral y previsional». Con estadística pura, fuentes de la Corte Suprema replicaron ayer las críticas del presidente Alberto Fernández, que aseguró que el tribunal trabaja «mal» y está «virtualmente paralizado».
La información oficial detalla que en 2019 la Corte Suprema dictó 7246 sentencias (que resolvieron esas 29.191 causas), mientras que en 2018 fueron 6814 sentencias (7835 controversias).
El cruce provocó una nueva escalada en la polémica por la reforma judicial que impulsa el Gobierno.
«Toda mi vida he dicho que el problema no está en el número de integrantes de la Corte. La Corte puede funcionar con cinco miembros, lo que sí digo es que la Corte está funcionando mal», aseguró ayer Fernández, en Radio Con Vos.
El Gobierno convocó a un consejo de especialistas que tendrá la misión de proponer cambios en la Corte Suprema. Lo integró con juristas mayoritariamente en sintonía con el oficialismo, y luego de que la vicepresidenta Cristina Kirchner cuestionara a la Corte Suprema.
En ese contexto de tensión, desde el máximo tribunal exhiben datos de la base de jurisprudencia de la Corte. En 2019 se dictaron 1692 resoluciones en materia penal, 1218 laborales y 1148 previsionales. Le siguieron en volumen las relacionadas con temas administrativos (795) y civil y comercial (753).
Los números advierten, al mismo tiempo, del peso de las demandas previsionales, que insumen el mayor caudal de las resoluciones de la Corte Suprema (implican el 56,3% del total).
El repaso de la actividad de la Corte Suprema también demuestra que sus integrantes siguieron en 2019 el calendario fijado: celebró dos audiencias públicas (una con relación a la prohibición a supermercados de abrir los domingos y otra sobre la autonomía de los municipios para establecer tasas municipales). Mayo y octubre fueron los meses con mayor cantidad de sentencias dictadas (más de 800 por mes) y el del 22 de agosto resultó ser el acuerdo con más cantidad de resoluciones: 240. En el del 19 de marzo, sin embargo, se alcanzó el pico de causas resueltas, con un total de 1547.
Mientras ascendía la polémica, el consejo de expertos convocado por el Presidente para analizar cambios informó que comenzará a trabajar cuanto antes y es posible que prolongue sus tareas más allá de los 90 días previstos.
El miércoles, tras el acto en el Salón Blanco de la Casa Rosada, el Presidente recibió a los expertos en su despacho de la Casa de Gobierno. Les agradeció que aceptaran formar parte del cuerpo y les reiteró su disposición a que trabajen con plena libertad y sin condicionamiento, según contaron asistentes al encuentro. El Boletín Oficial publicó ayer el decreto 635, que le da existencia real al Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial, que integran los 11 expertos elegidos por el Presidente. El texto señala que deberían empezar a trabajar el 18 de agosto, pero la voluntad de los especialistas es empezar antes.
Tendrán las primeras reuniones y allí se definirá una agenda de trabajo coordinada por Fabián Musso, exsocio del estudio del fallecido Esteban Righi (ver a, mentor jurídico del presidente Fernández, que será quien facilite la interacción de la comisión. La idea es que se reúnan, no se sabe aún si de manera presencial o virtual, o si solo se sumará de manera virtual Enrique Bacigalupo, que vive en España. La experiencia docente de algunos de los integrantes del cuerpo de dar clases por Zoom demostró que es aconsejable que los encuentros sean presenciales, ya que una reunión virtual de más de dos horas no es aconsejable.
El consejo consultivo creado por Alberto Fernández recomendará reformas basado en las opiniones de los once expertos que lo conformarán, pero ellos planean escuchar además otras ideas.
El plan, que tendría el visto bueno del Presidente, es «abrir el juego» para recibir opiniones de instituciones relacionadas con el mundo del derecho, como colegios de abogados, asociaciones de jueces, asociaciones de derecho constitucional y procesal, y universidades públicas y privadas. No está claro todavía cómo se va a organizar el trabajo interno del consejo. Es posible que se formen cuatro espacios de debate, uno para cada uno de los grandes temas que el Presidente pidió que se analicen: Corte Suprema, Consejo de la Magistratura, juicio por jurados y Ministerio Público.
Es factible que se designe a alguien que se ocupe, para cada módulo, para recopilar los avances. Otros integrantes, en cambio, piensan que es más rico trabajar en plenario para que no se pierdan opiniones.
El plazo que les puso el Presidente, de 90 días, es muy exigente, advierten ya desde la comisión. Dicen que no va a ser fácil cumplir la meta. (La Nación)
