Lo hicieron luego que el juez Villafuerte Ruzo embargara en $5 millones a cuatro productores de Pergamino
Diferentes entidades ligadas al campo reclamaron en un documento conjunto “reglas y procedimientos claros” para superar los conflictos judicializados en torno de la aplicación de agroquímicos.
Se trata de la Asociación de Ingenieros Agrónomos del norte de la provincia de Buenos Aires (Aianba), Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), Cámara Empresaria de Distribuidores de Agroquímicos, Semillas y Afines Bonaerenses (Cedasaba), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), el Dr. Juan Pedro Merbilhaa, Federación Agraria Argentina filial Pergamino, Grupo CREA Arroyo del Medio, Grupo CREA Pergamino, Regional Aapresid Pergamino-Colón y la Sociedad Rural de Pergamino.
Estas entidades y adherentes se pronunciaron luego que hace unos días el juez de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo, embargara en $5 millones a cuatro productores que producen en el partido de Pergamino por un supuesto delito ambiental con agroquímicos y en algunos casos presuntamente por no respetar las distancias de aplicación.
En agosto de 2019, una medida judicial del magistrado prohibió la aplicación a 1095 metros de un límite urbano en la ciudad cabecera, “afectando a más de 6000 hectáreas y a más de 100 productores”, recuerdan las entidades.
“Otro hecho de extrema gravedad es el procesamiento por el citado juzgado por violación de la ley de residuos peligrosos a un productor, ingeniero agrónomo matriculado, por infringir en 10 metros el área de exclusión en un lote adyacente a la localidad de Peña. Habiendo procedido conforme a todas las normas regulatorias y reglamentarias nacionales y locales en materia de aplicaciones (fumigaciones), cumpliendo con todas las exigencias vigentes como el aviso previo a la aplicación a realizar y la emisión y envío de la correspondiente receta agronómica exigida, resultó que a pesar de ello, fue procesado por presunta contaminación ambiental, al aplicarle otra legislación ajena al caso, como es la Ley Nacional 24.051 de residuos peligrosos “Anexo I” que no legisla sobre la práctica de aplicación de productos fitosanitarios, sino sobre la disposición de residuos que se consideran peligrosos”, dijeron las organizaciones.
“La legislación específica que rige la actividad de aplicación está regida por la Ley Provincial 10.699/88, su Decreto reglamentario 499/91 y demás normas locales”, agregaron.
Las entidades expresaron su temor a una “expansión” de esas medidas judiciales. “Estos graves hechos puntuales nos llevan a reflexionar, junto con toda la ciudadanía, que estamos frente a una amenaza de expansión de este tipo de medidas judiciales”, dijeron.
Remarcaron en el documento que estudios de la Universidad de Buenos Aires realizados en Pergamino y otras localidades del norte de Buenos Aires “muestran que si bien son detectados la mayoría de los agroquímicos utilizados, los niveles encontrados en suelos, aguas y en la sangre de las personas, están muy por debajo de los límites o valores críticos establecidos en la mayor parte de los países del mundo”.
En este contexto, destacaron que “están dadas todas las condiciones para producir en forma sustentable, con toda la tecnología disponible, sin afectar el medio ambiente, ni la salud de las personas”.
Por último, subrayaron que “para superar este tipo de conflictos, se requiere de reglas y procedimientos claros que delimiten las obligaciones y responsabilidades, para garantizar los derechos de todos los sectores de la sociedad, en el marco de una justicia que vele por su cumplimiento”. (DIB) FD
