El oficialismo dijo que es una forma de «cuidar el bolsillo de la gente. Para la oposición, demuestra que «el modelo es venezuela»
La decisión del gobierno nacional de declarar como servicio público a la telefonía, internet y televisión paga provocó un nuevo encontronazo entre el oficialismo y la oposición: para unos se trata de una decisión estratégica y “valiente” en favor del “bolsillo de la gente” para otros es una decisión ilegal que y una nueva muestra de que el gobierno eligió “eligió el modelo venezolano”.
Como viene ocurriendo, una de las posiciones más duras contra la decisión del gobierno fue la de la presidenta de PRO, Patricia Bullrich: “no se trata de una política pública errónea sino de una visión que tiene la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, respaldada en el modelo venezolano”, dijo la exministra de Seguridad de Mauricio Macri.
Bullrich, que en los últimos meses levantó su perfil y en su carácter de jefa partidaria ejerce una suerte de vocería política del espacio, aseguró que el anuncio demuestra que esa visión que atribuye a la vicepresidente Kichner “ahora también es compartida por Alberto Fernández”.
También se manifestó crítico de la medida el expresidente del Senado Federico Pinedo, quien consideró que “los precios de celular se pueden controlar por la emergencia que les votamos, pero no necesitan declarar internet como servicio público de titularidad estatal; es una barbaridad”.
“La estatización de servicios de comunicación viola tratados internacionales y condenaría a la Argentina a no poder salir de la crisis; ‘servicio público’ en derecho significa servicios de titularidad estatal”, aseguró Pinedo en una publicación por Twitter, pese a que el decreto anunciado no plantea la estatización sino la regulación estatal de esos servicio, que seguirán en manos de empresas privadas.
“Sorprende el anuncio del Presidente; cuando se necesita mayor inversión, más infraestructura y mejores servicios para soportar la demanda exponencial sobre las redes TICs producida por el aislamiento social, se fija como servicio público a internet, celulares y TV”, dijo en su cuenta de la red social Twitter.
Por su parte, el jefe del bloque de senadores nacionales de Pro, Humberto Schiavoni, es “grave que se intervenga en un sector esencial que venía funcionando bien”. En declaraciones radiales, Schiavoni agregó que “no leí el DNU pero lo que termina pasando en estas situaciones es que el servicio no se presta o se presta en forma deficiente”.
Respaldos, con sorpresa
Quien sorprendió fue el exvicepresidente Julio Cobos, al apoyar la medida. “Desde hace años venimos insistiendo con esto. Es razonable que si la telefonía fija es un servicio público, también lo sea la celular por el impacto social que tiene”, escribió el exvicepresidente en Twitter. Cobos señaló que “la tecnología distinta no es argumento suficiente para esa diferencia, el fin es el mismo”.
En el oficialismo, el respaldo a la decisión fue unánime. El gobernador Axel Kicillof dijo que “esta valiente decisión de Alberto Fernández es en beneficio de todas y todos los argentinos”. Agregó que el DNU “reconoce que el acceso a celulares e Internet son parte del derecho a la educación y a la información, y son un pilar fundamental para la construcción del desarrollo económico con justicia social”.
“Cumplimos con el compromiso de terminar con la lógica de los tarifazos y avanzar en garantizar el acceso a los servicios para todas y todos”, publicó esta tarde en su cuenta de Twitter el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero.
Dentro del gabinete, el ministro de Defensa, Agustín Rossi, celebró la medida “sobre todo en un momento en que toda la comunicación virtual es imprescindible en el marco de la pandemia del coronavirus” y la calificó como “una decisión importantísima del Gobierno”.
En declaraciones a radio Diez, el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, también la calificó como una “muy buena medida”, al considerar que “el acceso a datos es sinónimo de igualdad”.
El intendente de Hurlingham, Juan Zabaleta dijo -en declaraciones a El Destape radio- que la novedad “es la alegría del fin de semana” y destacó que busca “aliviar el bolsillo de la gente”, mientras que su par de Quilmes, Mayra Mendoza, evaluó que la determinación “marca que hay un Estado que se preocupa y vuelve a poner en el centro a las personas” y que el decreto “es a favor de las familias”.
También el ministro de Desarrollo de la comunidad bonaerense, Andrés Larroque, respaldó la iniciativa, al señalar que “en la pandemia quedó mucho más claro que los servicios de comunicación son esenciales”.
“Es una medida trascendente que legisla a la vez sobre el presente convulsionado por la pandemia y el futuro que ya empezó”, aseveró por su parte la diputada nacional del Frente de Todos Gabriela Cerruti a través de sus redes sociales.
Desde la Asociación Bancaria, su titular, Sergio Palazzo, sostuvo en un comunicado que “el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones constituye sin duda un derecho humano en las condiciones de vida de nuestro mundo, por lo que manifestamos nuestro más pleno respaldo”.
El secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTA-A), Pablo Micheli, también saludó la decisión del Gobierno nacional y consideró que se trata de “una medida para el lado del pueblo que garantiza inclusión y derechos”, según publicó en Twitter.
En un comunicado, Daniel Menéndez, coordinador nacional Barrios de Pie/SOMOS y subsecretario de Políticas de Integración y Formación, dijo que “es una medida necesaria para cuidar el bolsillo de millones de argentinos y argentinas” y aseveró que “es el camino correcto para ampliar oportunidades y garantizar más derechos”.
También la directora de asuntos jurídicos del Senado, Graciana Peñafort, apoyó el anuncio presidencial y dijo que “en términos de acceder a nuevos derechos, es algo trascendental”, ya que “acceder a la comunicación es un derecho, que hasta ahora solo se podía acceder con el pago de un precio”. (DIB)
