Estafas a beneficiarios del Ingreso Familiar de Emergencia y quejas por la demora en la entrega de productos comprados de manera virtual encabezan las demandas de los vecinos ante la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC). Sergio Alava, desde hace 8 años responsable del área de la calle Dorrego, dialogó con ANTI sobre este tema y explicó el procedimiento para resolver los problemas, el cual excede el mero carácter informativo e incluye conciliaciones y sanciones.
Las malas prácticas comerciales y los fraudes no cesaron en tiempos de pandemia, cuarentena y distanciamiento. Por el contrario, los nuevos beneficios estatales para paliar la crisis y la modificación de los hábitos del consumidor generaron complicaciones extras, “las denuncias más corrientes en este contexto tienen que ver con que se dispararon las compras en línea y las empresas no alcanzan a cumplir con las entregas. Otra cuestión que visualizamos es el engaño a quienes cobran el IFE, se comunican telefónicamente con alguna estrategia, invitan a la gente a acercarse al cajero, le generan un token y pasan a tener los datos para operar por internet. Solicitan créditos o realizan transferencias a cuentas propias”, comenzó el funcionario.
La demora o falta de entrega “se debe a una cuestión de logística” informó y agregó que “Frávega, Garbarino, Fallabella, Sodimac, las empresas más cuestionadas, tenían un sistema de venta virtual básico y se vieron desbordados por la demanda”. La otra cuestión es más seria, “desde diciembre a la fecha se viene repitiendo y por montos importantes. Es delito e interviene la fiscalía”.
En el ámbito local destacó que “no se ven mayores problemas”, aunque aclaró que la cuarentena también repercutió, “la gente que adquiere productos con alguna falla se encuentra con los servicios técnicos sin funcionar, porque en su mayoría son del AMBA, por lo cual el comerciante no puede enviar el artículo o lo deja bajo responsabilidad del consumidor. No corresponde, el dueño del local forma parte de una cadena de comercialización y es un tema de él”.
¿El cliente siempre tiene la razón?
“En la actualidad tratamos de resolver conflictos por correo y por teléfono, la pandemia cambió el procedimiento ya que representantes de empresas de afuera directamente no pueden entrar a la ciudad” informó el abogado dolorense con residencia en Chascomús hace más de una década. En condiciones normales la OMIC excede la condición de oficina de informes y se encarga de recibir el reclamo, informar de la infracción al empresario o proveedor, conciliar y en caso de perdurar la falta, sancionar, “es un trabajo dinámico, dependemos de la Municipalidad pero nos regimos por el código provincial de implementación de los derechos de los consumidores y usuarios”, dijo el egresado de la UNLP.
Muchas cuestiones cotidianas intentan resolverse a través del diálogo y la información, “a veces particulares nos informan que un comercio recarga el pago con tarjeta en un pago y lo que hacemos es notificar al dueño y advertirle que de continuar la práctica corresponde sanción”, enfatizó el letrado respecto a la prohibición de diferenciar el precio efectivo de la cancelación en una cuota con débito o crédito, “si son varias está permitido porque hay un costo financiero”.
Así como se apela a la responsabilidad de la empresa o el proveedor desde la OMIC también necesitan de una actitud prudente del cliente: “En caso de detectar consumos que no corresponden en el resumen de la tarjeta de crédito debe hacerse el cuestionamiento en la plataforma correspondiente para tener el antecedente. Si pasan 30 días no es que se pierde el reclamo, pero es bueno aprovechar esa instancia para que el banco emisor ponga en marcha los mecanismos de investigación”, agregó el responsable de la OMIC.
Asimismo, “recomendamos que ciertos artículos no se adquieran por redes sociales. Hay personas que compran celulares en otras provincias y no los reciben. Es una causa perdida, por CUIL o DNI se intenta dar con el vendedor, pero en muchos casos no hay alternativa. Lo mismo con las plataformas chinas, si la empresa no tiene sede en Argentina es difícil”, aclaró.
Leyes, normas, resoluciones, pero…
“La normativa está y es amplísima, aunque por momentos no se aplica, incluso por parte de entes oficiales. Por ejemplo, cuando se reclama un descuento indebido resoluciones del Banco Central determinan la devolución inmediata, pero no se hace. La entidad manda a la gente a defensa del consumidor y no es así”, dijo en referencia a la cuantiosa legislación vigente en la materia.
En ese sentido, el legista detalló que “hay regulaciones de planes de ahorro, bancarias, servicios públicos, es gigantesca la normativa. Luz, gas, cada uno con su reglamento de suministro y, además, durante la pandemia surgieron resoluciones de todo tipo por lo que hubo que estar atento”.
Por otra parte, respecto del decreto que establece a Internet, la televisión paga y la telefonía móvil como servicios públicos Alava opinó que “va a limitar el manejo actual en cuanto a precios y además obligará a realizar inversiones para garantizar la accesibilidad. De todas formas, debe esperarse la regulación de fondo. Otro aspecto interesante es el congelamiento de valores hasta diciembre”.
Por último, el referente de la OMIC detalló las formas de realizar los reclamos en tiempos de pandemia. En principio, el pago chico todavía permite la denuncia en formato papel “por debajo de la puerta”, pero además está disponible el correo electrónico omic@chascomus.gob.ar, o bien, la página de la Municipalidad”, cerró. (ANTI Noticias)
