Hoy comenzó la discusión del proyecto de ley de IVE en el plenario de comisiones en la Cámara alta, con la exposición de 20 especialistas y ronda de preguntas de legisladores.
Luego de la apertura de la ronda de consultas realizada ayer en el Senado en el marco del debate de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), el plenario de las Comisiones de Banca de la Mujer, Justicia y Asuntos Penales y Salud del Senado recibió esta mañana la primera tanda de expositores, y comenzaba a desarrollar la segunda prevista para esta tarde. En total, hoy participarían unos 20 especialistas, de distintas áreas, a través de una video conferencia, con una ronda de preguntas con intervención de senadores nacionales.
Para el primer bloque, de 10 a 13, fueron convocados Pablo Garat, Profesor de Derecho Constitucional y decano de la Facultad de Derecho de la UCA; Ricardo Gil Lavedra, abogado e integrante del tribunal que en 1985 realizó el Juicio a las Juntas; Úrsula Cristina Basset, profesora titular en Derecho de Familia; Alejandro Osio, docente e investigador de la Universidad Nacional de La Pampa, Especialista en Derechos Humanos; María Cristina Álvarez Traviesa, Magister en Ciencias Políticas, especialista en Políticas Públicas para la infancia; Gala Diaz Langou, directora de Protección Social en Cippec; María Elena Critto, Socióloga; Paula Litvachky, directora ejecutiva del CELS; Alberto Bianchi, abogado penalista, y Luciana Sánchez, abogada penalista y fundadora de la línea “Más información menos riesgos” iniciativa del grupo “Lesbianas y feministas por la descriminalización del aborto”.
La constitucionalidad del proyecto de ley oficial en torno a si se debe proteger o no la vida desde la concepción, la objeción de conciencia de los médicos que deban practicar abortos y la mortalidad de mujeres en situaciones de clandestinidad fueron los puntos puestos en discusión por los expositores.
Pablo Garat, consideró que el proyecto, que ya tiene media sanción de Diputados, “tiene que pasar el test de constitucionalidad”, ya que según su criterio “todo nuestro orden constitucional se apoya en el interés del niño, que aparece ausente en los debates”. En esa línea, señaló que Argentina aún “debe aclarar” su posición respecto a si “se es niño desde la concepción”.
Ricardo Gil Lavedra declaró que “no hay ninguna regla constitucional que obligue a penalizar el aborto”, y sostuvo que quienes se oponen a la práctica “personifican u humanizan al proyecto de vida”. Además, el exministro de Justicia remarcó que “el embrión no es una persona ya nacida” y “el derecho positivo no trata de la misma manera al nacido que al por nacer”.
Por su parte, Ursula Basset, especialista en derecho de familia, afirmó que “nuestra Constitución protege la vida desde la concepción”, señaló que el Estado “debe ofrecer opciones” a la mujer gestante que no desee la maternidad, como la adopción, y consideró que este proyecto “da derecho a abortar pero no a decidir”. La abogada añadió: “Lo peor de todo son las discriminaciones invisibles. No está regulado pensando en las mujeres y se criminaliza a los médicos en desacuerdo con la práctica”.
Andrés Gil Domínguez, profesor de derecho constitucional, aseguró que “no hay ningún tipo de incompatibilidad” entre el proyecto de ley en discusión y la Convención sobre los Derechos del Niño” sino que “por el contrario, con esta iniciativa se está honrando el derecho a la vida de las niñas, niños y adolescentes”.
En tanto, Alberto Bianchi, doctor en derecho de UBA, sostuvo que la ley se contrapone en el orden constitucional y con el Código Civil y Comercial, que entienden que hay vida humana desde el momento de la concepción y cuestionó que la ley “pase de despenalizar a la mujer que aborta a penalizar a los médicos que se oponen”.
Paula Litvachky, directora ejecutiva del CELS, hizo hincapié en el hecho de que la penalización del aborto conlleva “maltratos y discriminación”. Luciana Sánchez, abogada penalista, se refirió a la cantidad de mujeres de bajos recursos en peligro por no poder acceder al misoprostol, el medicamento utilizado para la interrupción del embarazo y Gala Díaz Langou, directora de protección social de Cippec, consideró que la iniciativa “puede saldar una deuda y, a la vez, contribuir al desarrollo con equidad” y advirtió que “la criminalización repercute sobre las trayectorias vitales de las personas y afecta a las mujeres más pobres”.
María Elena Critto indicó que “solo el 44% de las maternidades públicas cumplen con las condiciones obstétricas esenciales para asegurar la salud de la mujer. Las consecuencias del aborto no refieren a la clandestinidad, sino a un sistema de salud que da una respuesta deficiente”.
Segunda tanda
Durante la tarde estaban previstas las disertaciones de Edgardo Young, especialista en fertilización asistida; Aida Kemelmajer de Carlucci, miembro de la Academia Nacional de Derecho y Ciencia de Buenos Aires y de Córdoba; Alfredo Vitolo, abogado constitucionalista; Melisa García, abogada feminista; Débora Rainieri, abogada e investigadora de UCA y UBA; Natalia Gherardi, abogada y directora ejecutiva de ELA; María Inés Franck, licenciada en Ciencias Políticas y abogada, miembro del Centro de Bioética, Persona y Familia; Marta Lamas Encabo, antropóloga y catedrática del Instituto tecnológico autónomo de México (ITAM); Santiago Alfonso, doctor de derecho y abogado por la UBA, y Susana Chiarotti, abogada argentina de prolongada trayectoria internacional en la defensa de los derechos humanos de las mujeres. (Dib)
