El recorte de fondos porteños va camino a la Corte Suprema. Y el Gobierno advierte que podría podar más recursos. Córdoba sumó un mensaje llamativo. Se profundiza el quiebre político: una mala señal para la economía en medio del delicado cuadro social
En menos de veinticuatro horas, Alberto Fernández, su jefe de Gabinete Santiago Cafiero, el ministro Eduardo “Wado” de Pedro –dos veces- y el gobernador Axel Kicillof se sucedieron para defender la poda de recursos a la Capital y seguir respondiendo con dureza a un único discurso de Horacio Rodríguez Larreta. Una manera de afirmarlo como principal enemigo o contraparte política. Sería discutible como estrategia –de hecho, no alegra a todo el conglomerado oficialista-, aunque menos grave que la lectura sobre el impacto global del giro drástico en la relación con el jefe de Gobierno de la Ciudad. No convence el argumento de la equidad en materia de coparticipación y sectariza al Presidente. Se trata de un recorte sobre el principal distrito opositor.
Es realmente llamativo lo que acaba de hacer el Gobierno en la urgencia y extremadamente riesgoso lo que expresa en perspectiva para salir de la crisis económica y social agudizada por la cuarentena. En lo inmediato, puede habilitar otras demandas de estatales en Buenos Aires –al atender con semejante medida el reclamo salarial de la policía- y también alimentarlas en otras provincias y en la administración nacional. Visto con mayor perspectiva, resulta contradictorio: el “manotazo” a los fondos porteños muestra con dramatismo la profundidad de la carencia de recursos y anticipa ajustes, pero a la vez debilita el sustento político para encarar la crisis.
En otras palabras, la fuerte jugada presidencial desnuda un problema y complica seriamente el camino para superar el cuadro. “No hay plata”, dice alguien cercano al circuito oficial. Una síntesis lineal con foco en el deterioro de recursos y la caída de recaudación, parte de un cuadro más amplio donde se destaca la renuencia a las inversiones. Y que al contexto internacional afectado por la pandemia le añade malas señales propias, a pesar del acuerdo con los acreedores externos y en los umbrales de la negociación con el FMI.
Por eso mismo, la decisión presidencial importa en los dos sentidos referidos. La disputa con la gestión porteña es un gesto de quiebre con la oposición y va en contra del necesario y mayor sustento político que demanda la crisis, algo que hacia el mundo económico agrega pinceladas de incertidumbre. A la par, como decisión en sí misma, el recorte de ingresos para la Ciudad representa una medida casi desesperada, o resuelta sobre la marcha, para atender la urgencia de un grave conflicto policial. Nada que parezca parte de un programa o plan económico.
Alberto Fernández dijo que el tema venía siendo charlado con Rodríguez Larreta. En rigor, esa ofensiva inicial había derivado en una negociación que quedó trunca frente a la emergencia del coronavirus, en marzo. Lo aclaró sin vueltas el jefe de Gobierno porteño y lo admitió el jefe de Gabinete nacional. Es decir, se violentó un acuerdo no escrito de postergar todo en medio de la cuarentena. Es cierto también que Cristina Fernández de Kirchner venía presionando con retomar el tema y que el Presidente había dado señales de volver a la carga.
De todos modos, no hubo siquiera discusión previa y el resultado fue potente y múltiple. Fisuró la relación con el sector “moderado” de Juntos por el Cambio -«Nos mataron», expresó en reserva uno de sus referentes-, aglutinó al frente opositor y dejó fuera de juego el supuesto de una construcción presidencial amplia y con algún grado de proyección de autonomía también en la interna. En ese campo, se expone sin vueltas y se afirma el poder de CFK.
La reacción de Rodríguez Larreta también tiene lectura doméstica en JxC. Es realmente imposible suponer ahora que se definió su candidatura para dentro de tres años. Falta demasiado, una eternidad en la Argentina. Lo cierto, en cambio, es que la movida del Gobierno le terminó de asegurar el primer y difícil capítulo de cualquier proyecto presidencial: la instalación nacional.
Eso importa en el tablero de los partidos. Pero además se suman dos renglones conflictivos en el listado de efectos inmediatos. El primero, tiene que ver con la Justicia. Y el segundo, con la posible reposición del debate sobre los recursos federales.
El jefe de Gobierno porteño recurrirá a la Corte Suprema, con un amparo y para dirimir la cuestión de fondo, es decir, lo que considera una medida sin sustento constitucional. Es una batalla delicada, entre otras razones porque la Corte está en la mira del oficialismo y además, en lo inmediato debería pronunciarse sobre el reclamo de jueces trasladados en la etapa macrista y apuntados por el kirchnerismo para desplazarlos. No es el mejor clima y menos, el que prefieren.
La puesta en escena trabajada en velocidad por Olivos incluyó una nota de aval a la decisión presidencial suscripta por diecinueve gobernadores. “Reducir desigualdades para una Argentina federal”, fue el título y a su alrededor giró el discurso oficialista. Fue significativo que entre los jefes provinciales no figurara el cordobés Juan Schiaretti, además de los tres radicales (el mendocino Rodolfo Suárez, el jujeño Gerardo Morales y el correntino Gustavo Valdés).
Desde Córdoba se dejó trascender que el gobernador no fue convocado. Algo así como un desaire para evitar un rechazo. Y una ausencia fuerte respecto de la construcción política que se le adjudicaba al Presidente, con interrogantes sobre su proyección en Diputados. En el tema concreto de la tensión con la Capital, el mensaje cordobés estuvo a cargo del ministro de Finanzas, Osvaldo Giordano, que retomó el reclamo tradicional: discutir después de una postergación de más de veinticinco años el sistema de coparticipación federal, empezando por la distribución primaria entre la Nación y el conjunto de las provincias.
El Presidente se enredó en un discurso sobre el federalismo que intenta vestir la vuelta de tuerca sobre la Ciudad para atender a la provincia de Buenos Aires, no para resolver el problema más amplio y de arrastre sobre la coparticipación. La idea de repartir la “abundancia” porteña tiene como objetivo asistir al distrito entendido como territorio principal por la ex presidente.
La pelea no asoma saldada ni en términos políticos ni en materia de caja. Desde el Gobierno, advierten que la Ciudad podría sufrir una poda mayor de recursos. Aún para imponer una negociación, equivale a decir que el discurso anterior quedó en escombros.