La presentaría el viernes, después de una reunión con Vilma Ibarra, la otra persona que sigue de cerca el tema; los lineamientos de la propuesta
Solo dos personas conocen hasta ahora la versión final del proyecto de reforma judicial del Gobierno: Alberto Fernández y su secretaria legal y técnica, Vilma Ibarra.
Los bloques del Frente de Todos en Diputados y en el Senado aún no leyeron el texto de la iniciativa, una de las apuestas de mayor volumen político del Presidente, con la que aspira a dejar una marca en su gestión. Tampoco la vieron muchos de sus funcionarios.
El Gobierno tiene previsto remitir la iniciativa a la Cámara baja la semana próxima, probablemente el viernes, según fuentes oficiales y legislativas. Sería, en principio, solo una presentación en sociedad: en el Congreso admiten que no sería sencillo tratar un proyecto de semejante envergadura de forma remota.
El corazón del proyecto es la creación de un nuevo fuero federal penal para diluir el poder que concentran hoy los jueces con sede en Comodoro Py. Son los que tramitan las causas de corrupción política, pero también otros delitos complejos, como el narcotráfico y el lavado de dinero. Según pudo saber este medio, la reforma buscará un reordenamiento de los tribunales, con fusiones de fueros, creación de nuevas salas y redistribución de competencias.
El Presidente dio indicios de cómo pretende lograr esa desconcentración en su discurso del 1º de marzo, en la apertura de sesiones ordinarias, cuando dijo que «los delitos contra la administración pública dejarán de estar en manos de unos pocos jueces, para pasar a ser juzgados por más de medio centenar de magistrados».
Hoy los juzgados de Comodoro Py son 12 y hay dos que están vacantes. Para pasar a 50, como dijo ese día el Presidente, se incorporarían al plantel de los federales decenas de jueces penales que resuelven casos «ordinarios» con jurisdicción en la Capital Federal.
En ese reordenamiento, además, podría existir un traspaso de competencias a la Justicia porteña.
Iniciativas
Si bien el kirchnerismo no leyó la letra chica de la iniciativa, sí tuvo oportunidad de vetar algunas de las ideas que circularon en el proceso de elaboración. Según pudo reconstruir LA NACION, una de las alternativas que fue resistida por el kirchnerismo fue la de fusionar a Comodoro Py con Penal Económico, el fuero vecino que tiene sede sobre la avenida de los Inmigrantes. Los magistrados de ese edificio tampoco inspiran la confianza del Instituto Patria.
Otro de los cambios que había anunciado el Presidente está vinculado con otorgarle mayores recursos al fuero Contencioso Administrativo, la instancia que tramita las demandas contra el Estado y que puede decidir sobre los recursos públicos. En ese sentido, Fernández aludió a una fusión con la Justicia Civil y Comercial Federal.
La iniciativa, además, podría contemplar la creación de nuevas fiscalías y juzgados especializados para la investigación de delitos complejos, sobre todo los vinculados con el narcotráfico, en zonas calientes del país, como Rosario (Santa Fe) o San Lorenzo (Salta).
La reforma que tiene el sello de Fernández deberá empalmarse con el nuevo Código Procesal Penal, que introduce el sistema acusatorio y que por ahora solo empezó en Salta y Jujuy. Esa modalidad implica, en sí misma, un transformación de fondo en la Justicia porque dota de más poder a los fiscales para investigar y coloca a los jueces como «ordenadores» o «árbitros» del proceso.
Fernández dijo que su proyecto incluye la creación de nuevos cargos para otorgarle músculo al Ministerio Público Fiscal. El plan oficial se completaría con la designación del actual juez Daniel Rafecas al frente de la Procuración General.
El kirchnerismo duro, aun sin conocer la letra chica, esta semana se mostró alineado con el emprendimiento presidencial. «Yo creo que es posible tratar la reforma judicial que el Presidente dijo que tiene lista y que estamos ansiosos de que la envíe», afirmó en las últimas horas el senador Oscar Parrilli, un ladero fiel de Cristina Kirchner.
Mientras Fernández busca dejar su impronta con un proyecto que resucite el espíritu del «plan Beliz» que quedó frustrado en 2003, el kirchnerismo se embarca en denunciar penalmente a quienes señala como responsables del lawfare contra Cristina.
El proyecto del Presidente no contempla cambios en la Corte Suprema. Tampoco incluye una reforma del Consejo de la Magistratura, el órgano más político de la gestión judicial, que selecciona, investiga y remueve a los jueces.
Esta semana quedó en evidencia que ese organismo colegiado es el que tiene la muñeca para moldear la Justicia, cuando desestimó las investigaciones contra los jueces federales Rodolfo Canicoba Corral y Luis Rodríguez a pesar de las resonantes acusaciones de corrupción que pesaban sobre esos magistrados.
Fernández no pretende agotar la cuestión judicial con su reforma. Para otras transformaciones importantes, anunció que pretende convocar a un «consejo consultivo» integrado por académicos y juristas, cuyos nombres aún permanecen en reserva. Ese colectivo sí tendrá como tarea revisar el funcionamiento de la Corte Suprema y el Consejo de la Magistratura. La idea ya alteró los nervios del Poder Judicial. (La Nación – Por Maia Jastreblansky)
