El próximo lunes declarará la abogada Valeria Carreras, quien encabeza, junto a Lorena Arias, la querella del grupo más numeroso de familiares de los submarinistas.
La próxima semana se pondrán en marcha las declaraciones testimoniales en el marco de la causa que investiga en Mar del Plata el posible espionaje ilegal sobre familiares de los tripulantes del ARA San Juan durante el gobierno de Cambiemos, tras la denuncia presentada por la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), informaron fuentes judiciales.
La Fiscalía Federal 2 de la localidad balnearia, a cargo de Daniel Adler, dispuso que el próximo lunes declare como testigo la abogada Valeria Carreras, quien encabeza, junto a Lorena Arias, la querella que reúne al grupo más numeroso de familiares de los submarinistas.
Fuentes judiciales indicaron a Télam que está previsto que Carreras preste declaración por la mañana, en principio a través de una videoconferencia por la plataforma Zoom, debido a las medidas de aislamiento por la pandemia del coronavirus.
La testimonial será tomada por la fiscalía, que quedó al frente de la investigación luego de que el juez federal marplatense Santiago Inchausti delegara la instrucción del caso en el Ministerio Público.
Tras la denuncia presentada en Mar del Plata por la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, Carreras había pedido el jueves último que se incorporase como querellantes a las familias de los 26 tripulantes a los que ella representa junto a Arias.
La abogada aportó además en su presentación las denuncias realizadas entre junio de 2018 y junio de 2020 en los tribunales federales de Comodoro Py, Caleta Olivia y Lomas de Zamora, así como ante la Comisión Bicameral del Congreso que investigó el naufragio, luego de que algunos familiares expresaran sus sospechas de que eran víctimas de espionaje.
Por otra parte, el viernes último también pidieron ser tenidos en cuenta como querellantes las familias de otros tres marinos, representadas en Mar del Plata por el abogado Gerardo Rodríguez Arauco.
Buscan determinar si hay material que los incluya en los presuntos seguimientos denunciados.
De ese modo, solicitaron ser incorporadas en calidad de querellantes familiares y allegados de 29 de los 44 tripulantes que iban a bordo del ARA San Juan, cuando naufragó el 15 de noviembre de 2017, en el Atlántico Sur.
En ese sentido, en los próximos días harán lo propio otras diez familias, representadas por el abogado Luis Tagliapietra, quien es además padre del teniente de corbeta Alejandro Damián Tagliapietra, una de las víctimas del hundimiento del buque de la Armada Argentina.
Fuentes cercanas a la causa informaron además que el fiscal «impulsó el caso y ordenó diversas medidas de prueba», tras la presentación realizada el miércoles último por la intervención de la AFI en la Justicia Federal marplatense.
Según esta denuncia, personal que formaba parte de la delegación de la AFI en Mar del Plata durante la gestión de Cambiemos realizó «en los años 2018 y 2019» presuntas «tareas de vigilancia y seguimiento sobre el colectivo de familiares de las víctimas del hundimiento».
Esto fue detectado tras el hallazgo de una serie de discos rígidos con fotografías tomadas en el primer semestre de 2018, junto con partes de inteligencia con información sobre encuentros e inquietudes de las familias de los marinos mientras el buque estaba desaparecido.
La denuncia incluye además entre las posibles víctimas a parientes de los tripulantes del pesquero Rigel, un barco perteneciente a la flota marplatense, que naufragó frente a las costas de Chubut el 9 de junio de 2018, en un hecho que dejó un trabajador muerto y ocho desaparecidos.
Guillermina Godoy, madre de Nahuel Navarrete, uno de los marineros desaparecidos de esa embarcación, adelantó a Télam que también buscarán ser querellantes en la causa, y expresó su «bronca» por «saber que el mismo gobierno que decía que no había fondos para la búsqueda asignara recursos para estas maniobras ilegales«.
De acuerdo con la denuncia de la actual intervención de la AFI, la imputación por este presunto espionaje ilegal recae sobre el expresidente Mauricio Macri, «responsable de fijar los lineamientos estratégicos y objetivos generales de la política de inteligencia nacional»; el exdirector general de la AFI, Gustavo Arribas, y la exsubdirectora de la AFI, Silvia Majdalani, entre otros integrantes del organismo. (Fuente: Télam)
