Los procesados exjefes de la Agencia Federal de Inteligencia deberán declarar en distintas causas en las que se los investiga por supuestas maniobras de espionaje ilegal desde la central de espías durante el gobierno de Mauricio Macri.
Los procesados exjefes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, enfrentarán en las próximas semanas dos indagatorias cada uno, en el marco de distintas causas en las que se los investiga por supuestas maniobras de espionaje ilegal desplegadas desde la central de espía durante el Gobierno de Mauricio Macri.
El exdirector de la AFI y la exsubdirectora fueron citados en el marco del caso D´Alessio, en el que se investiga a una supuesta asociación ilícita dedicada al espionaje ilegal y la extorsión con terminales en los tres poderes del Estado; y en la causa que tramita en Lomas de Zamora, donde se analiza un supuesto armado para espiar dirigentes políticos y de toda índole.
El derrotero de Arribas y Majdalani, que ya están procesados por las maniobras de espionaje ilegal desplegadas sobre el Instituto Patria y el domicilio de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, se reanudará el martes próximo con la citación dispuesta por el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla.
El cronograma es el siguiente: para el martes a las 11 está citado Arribas y el día siguiente a la misma hora será el turno de Majdalani; mientras que en Lomas de Zamora los esperan para el 8 (Majdalani) y el 9 de octubre (Arribas).
Aún no está definido si las indagatorias que se realizarán en el caso serán en forma presencial o por videollamada -por los protocolos en el marco del aislamiento social obligatorio- pero, por las dudas, el viernes el juez Ramos Padilla emitió resoluciones aclaratorias en las que indicó que los citados podrán elegir la modalidad siempre que se comuniquen con el juzgado con tiempo suficiente, informaron fuentes judiciales.
En el caso D´Alessio, el juez Ramos Padilla citó a Arribas y Majdalani como los responsables de la implementación del «Proyecto AMBA» que implicó el despliegue de seis nuevas bases operativas de la AFI en la provincia de Buenos Aires (y tres históricas) que habrían sido utilizadas para realizar maniobras de espionaje político ilegal, sobre todo, en derredor de las elecciones legislativas de 2017.
Arribas fue el «funcionario que ordenó expresamente la realización de tareas de inteligencia con orientación política al momento de disponer las funciones específicas de la Dirección de Reunión Provincia de Buenos Aires», mientras que Majdalani «habría sido la funcionaria que se nutría diariamente de la información de inteligencia reunida por las nueve delegaciones provinciales», sostuvo Ramos Padilla.
En la misma resolución, el magistrado indicó que la exseñora 8 habría sido quien, de acuerdo a sus funciones específicas en la central de espías, «fijaba los objetivos de inteligencia y adoptaba las decisiones en base a la información recopilada por sus dependientes».
Arribas y Majdalani pusieron al frente de las bases del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) al ahora procesado abogado Pablo Pinamonti quien había estado en la exSIDE durante el gobierno de la Alianza y reingresó a la AFI el 5 de mayo de 2016 como asesor de gabinete del Director General, cargo que mantuvo durante un año, hasta su designación como director de la Dirección de Reunión de la Provincia de Buenos Aires.
Uno de los elementos de prueba en contra de Arribas es la resolución 558/17, en la que el mismo definió las funciones de la Dirección de Reunión Provincia de Buenos Aires y estableció que una de las funciones asignadas era la de «planificar, dirigir y supervisar las actividades de reunión de información que se requieran sobre los factores de poder político, económico, psicosocial y en el componente científico tecnológico».
De la información recolectada en ese expediente, surge que las bases AMBA –proyecto que duró un año- se utilizaron para espiar organizaciones sociales, políticas y hasta comedores comunitarios mientras que no surge ningún elemento que permita inferir que trabajaron en el combate del crimen organizado, motivo por el cual habían sido supuestamente creadas.
En el marco de esta causa, el juez Ramos Padilla les impuso a los ex jefes de la AFI cauciones reales de 20 millones de pesos que tendrán que pagar la semana que viene, les prohibió salir del país y les exigió la entre de sus pasaportes.
La semana siguiente, Arribas y Majdalani están citados a prestar declaración indagatoria ante el juez federal de Lomas de Zamora Juan Pablo Auge y los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide en la causa en las que se les atribuyen estar al frente de una organización que realizó tareas de espionaje ilegal contra al menos 15 objetivos.
Entre las víctimas de ese espionaje estuvieron la diputada nacional Graciela Camaño y su marido el sindicalista Luis Barrionuevo, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, el periodista Hugo Alconada Mon, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y la pareja integrada por el empresario Salvatore Pica y Florencia Macri, la hermana del expresidente.
«Consideramos que el gran conjunto de actividades ilegales claramente era dirigido y controlado por las máximas autoridades de la Agencia Federal de Inteligencia, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani (…) pues eran ellos los que dominaban y detentaban el poder sobre toda la estructura institucional de la Agencia Federal de Inteligencia, y a quienes reportaban el resto de los imputados», sostuvieron los fiscales en la imputación de los exjefes de la AFI.
En ese expediente también está citado a indagatoria el secretario privado de Macri, Dario Nieto, quien para los investigadores también recibía información de parte de los espías a través de la exempleada de la Dirección de Documentación Presidencial, Susana Martinengo.
Un dato que aún no fue despejado tiene que ver con la visita que Nieto hizo a la AFI el 1 de marzo de 2018 a las 16:15 cuando, según los registros manuscritos de ingreso a la central de espías, fue a ver al entonces señor 5, el escribano Arribas.
