Un proyecto de ley que obliga a las petroleras y mayoristas de combustibles a abonar a un gremio del sector un porcentaje de su facturación a las estaciones de servicios y que podría encarecer el precio de las naftas para los consumidores fue aprobado ayer en la Cámara de Diputados.
Se trata de una iniciativa que fue presentada por la diputada massista Blanca Cantero, para que con el 0,25% de la facturación de las petroleras y distribuidores vaya a integrar un fondo para estudiar y mejorar las condiciones de seguridad de los trabajadores en todo el proceso de comercialización de hidrocarburo.
Ese fondo será girado directamente al Sindicato de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio, Garajes, Playas de Estacionamiento y Lavaderos de autos (SOESGYPE), que dirige Carlos Acuña, un aliado se Massa, quien además es el esposo de Cantero, la diputada que presentó el proyecto.
Según cálculos, en 2017 solo en Buenos Aires se vendieron 3,4 millones de metros cúbicos de naftas. Es decir, 3.400 millones de litros. A un precio promedio de $45 por litro serían unos $153 mil millones de facturación. El nuevo fondo prevé una alícuota del 0,25% sobre lo facturado, cifra que equivale a más de 382 millones de pesos al año.
Pero ese monto podría recaer sobre las espaldas de los consumidores si la industria decide, como ninguno de los actores involucrados en el debate del proyecto descarta, trasladarlo al precio de venta de los combustibles.
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