La Cámara de Senadores bonaerense aprobó la creación del Registro Provincial de Cámaras de Videovigilancia, que deberá relevar, registrar y georeferenciar de los sistemas destinados tanto a proteger la seguridad de las personas y sus bienes como a facilitar la investigación de delitos y/o contravenciones. La iniciativa, del senador de Cambiemos Marcelo Pacífico, fue girada a la Cámara de Diputados para su sanción definitiva.
La propuesta prevé incluir a los dispositivos del sistema de videovigilancia públicos y privados que registren la vía pública o que se encuentren en el interior de lugares con acceso público.
«Quedan comprendidos todos los sistemas de videovigilancia instalados y a instalarse en los municipios por parte de los poderes públicos, que permitan proporcionar información para asegurar la protección de personas, el cuidado de bienes en espacios públicos y la adopción de medidas vinculadas con la seguridad y convivencia ciudadana», dice el texto.
El proyecto detalla que «las empresas o comercios destinados a la instalación y monitoreo de sistemas de videovigilancia en establecimientos privados que capten imágenes exclusivamente del espacio público, quedan obligados a inscribirlos en el Registro Único». Se consideran establecimientos privados los locales comerciales, estaciones de servicio, edificios de propiedad horizontal, clubes, ingresos a barrios privados, empresas y otros lugares privados de acceso público y apunta que «podrá disponerse en la reglamentación la inclusión en el Registro de dispositivos instalados en taxis, colectivos y otros vehículos de transporte público».
En la iniciativa se manifiesta que las imágenes obtenidas deberán ser almacenadas por 30 días corridos de la fecha de captación y que el sistema deberá permitir la exportación de imágenes en un formato inalterable cuando sean requeridas por la autoridad competente.
Se aclara que «la información obtenida de las grabaciones solo estará a disposición de los funcionarios que la autoridad de aplicación determine (…) sin poner en riesgo las garantías de los derechos fundamentales y libertades públicas de los ciudadanos».
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