Aprobaron un dictámen que prohibe la publicidad y establece controles biométricos más estrictos para que no ingresen menores. Giudici y Ferraron se tranzaron en una discución con acusaciones de lobby a favor de empresas e insultos.
En medio de un escándalo con insultos y agresiones que casi terminan en golpes, la Cámara de Diputados logró hoy firmar dos dictámenes en torno a proyectos de ley para combatir la ludopatía y el fenómeno de las ciberapuestas, una epidemia silenciosa que crece exponencialmente en adolescentes y jóvenes.
El dictamen que se firmó fue redactado por la Coalición Cívica y apoyado por Unión por la Patria, Encuentro Federal y los radicales críticos de Democracia por Siempre, y abarca una fuerte regulación de las apuestas, con prohibición de la publicidad casi total y controles más estrictos para el acceso de los menores a las plataformas.
El escándalo se dio por un cruce entre la diputada de PRO Silvana Giúdici, autora del despacho de minoría y su par de la CC, Maximiliano Ferraro, que redactó el que obtuvo la mayoría. Ferraro acusó a Giúdici de hacer lobby a favor del empresario del juego ligado a PRO Daniel Angelici y de la empresa Codere para morigerar los controles y allí comenzaron cruces.
Mientras avanzaban las exposiciones, el intercambio entre los dos legisladores continuó hasta que Giudici lanzó: “Sos un hijo de puta”. “Me conocés desde hace 20 años, ¿cómo me vas a decir eso? Ególatra, papanata, andá con los kirchneristas”, lanzó ella. “Hacete cargo”, repetía él. Mónica Frade, también de la CC, y quien presidió la reunión, le solicitó a Giudici que se retire.
El dictamen de mayoría contiene una amplia regulación a las casas de juego on line. Abarca la prohibición de publicidad desde plataformas, redes sociales, cartelería en la vía pública, medios de difusión hasta publicidad no tradicional (PNT) o auspicio de equipos deportivos o deportistas en forma individual, e incluye también la prohibición de los bonos de bienvenida y alcanza a influencers.
Fija también el reconocimiento facial para registrarse en los sitios de apuestas, como también en cada inicio de sesión que realice el usuario, para conseguir la verificación biométrica de identidad y edad, y así evitar que apuesten menores.
A su vez, plantea condiciones que deben cumplir las plataformas para un “juego en línea responsable”. Entre ellas, prevé: implementar un mecanismo automático para que las sesiones de juego azar y apuestas en línea cierren; los operadores deben emitir señales de “tiempo invertido” en su plataforma, con recordatorios de descanso del uso de la plataforma y sobre el derecho de los usuarios a desconectarse; establecer una sección sobre prevención de la ludopatía que incluya una herramienta de autoevaluación con objeto de permitirle al jugador considerar o revisar su comportamiento.
Además, quienes exploten los sitios deben incluir advertencias y leyendas como “Está prohibida la participación de menores de edad”; “los juegos de apuestas en línea pueden generar problemas en tu salud”; “los juegos de apuestas en línea pueden generar problemas en tu salud. Ante cualquier duda pedí ayuda. Llama a la línea gratuita.”
También avanza sobre la transparencia de los licenciatarios. No podrá ser titular de un permiso, por ejemplo, un deudor del Estado, o quienes estén vinculados con entidades asociadas a algún deporte y las empresas que soliciten autorizaciones deberán estar constituidas legalmente en la Argentina.
Propone también crear el Registro Nacional de Autoexclusión. Los inscriptos no podrán ingresar a plataformas de apuestas hasta el cese de la inscripción por voluntad del autoexcluido. Podrán registrarse por voluntad propia o ante la solicitud de un familiar. Y regular los medios de pagos. Al igual que las tarjetas de débito, en caso de aprobarse la iniciativa, las billeteras electrónicas tendrán un límite diario equivalente al tope o límite de extracción establecido por las entidades bancarias. Las de crédito, en tanto, estarían prohibidas.
También establece campañas de difusión y al menos dos jornadas educativas obligatorias en el ciclo lectivo para estudiantes, familias y docentes. Fija, además, las multas por incumplimiento y modificaciones al Código Penal para establecer las condenas. (DIB)
