Luego de haber sufrido una serie de reveses judiciales en sus intenciones privatizadoras, como en el caso de la venta de Costa Salguero, el Ejecutivo porteño envió a la Legislatura un proyecto de modificación de la Ley de Catastro que alarmó a la oposición y a las organizaciones sociales que trabajan en defensa del espacio público. Entre otras cosas, denuncian que el proyecto busca incorporar a la legislación local las figuras que el Código Civil y Comercial de la Nación utiliza para definir a los barrios privados, cuya construcción se encuentra explícitamente prohibida por el Código Urbanístico. Además, desde las organizaciones advierten que el proyecto podría modificar la definición de «Línea de Ribera», lo que reinstalaría la discusión sobre si los predios de Costa Salguero son de dominio privado o son de dominio público, como lo había definido la Justicia cuando declaró inconstitucional la venta.
El proyecto en cuestión fue presentado el pasado martes 8 de junio en la Comisión de Planeamiento Urbano por la directora general de Catastro, Antonella Borna. Según los fundamentos, se trata de un proyecto que busca actualizar la normativa a «las situaciones planteadas en los nuevos Códigos Civil y Comercial de la Nación, Urbanístico y de Edificación». Al leer el articulado, los legisladores de la oposición se toparon con dos definiciones que llamaron su atención: «conjunto inmobiliario» y «propiedad horizontal especial«, figuras con las que el Código Civil nacional define a los barrios cerrados.
«El proyecto se agarra del Código Civil, que reconoce la existencia de los barrios privados a través de esas figuras y les da un marco legal. Pero no es más que un marco, la Ciudad no está obligada a asumir esos puntos y mucho menos si tenemos en cuenta que el Código Urbanístico prohíbe la construcción de barrios cerrados», dijo a Página 12 Javier Andrade, vicepresidente del bloque de diputados porteños del Frente de Todos y de la Comisión de Planeamiento Urbano.
El Código Urbanístico establece que está «prohibida la aprobación y materialización de barrios con perímetros cerrados. Las calles públicas no podrán tener cerramientos permanentes». En el proyecto presentado por el Ejecutivo porteño, en tanto, se incorpora la figura del «conjunto inmobiliario» como los «emprendimientos urbanísticos tales como parques empresariales o náuticos, o cualquier otro» independientemente del «destino de vivienda permanente o temporaria, laboral, comercial o empresarial».
Más adelante, se define la mensura y división en «propiedad horizontal especial» como aquella que se realiza sobre terreno edificado o edificable para dividirlo «conforme al derecho real de propiedad horizontal en los casos de conjuntos inmobiliarios«. «Hasta ahora no existe ningún espacio en la Ciudad que se inscriba en esas características, por lo que no habría nada para definir. Lo que se expresa es el proyecto de Ciudad que pretenden y que venimos denunciando: lo de Costa Salguero es la punta del iceberg del modelo de privatización de la costanera«, señaló en este sentido Matías Barroetaveña, también legislador del FdT.
Aunque el apartado que define a los conjuntos inmobiliarios aclara que se circunscribe «a lo dispuesto en el Código Urbanístico», Jonatan Baldiviezo, abogado del Observatorio del Derecho a la Ciudad, señaló que «no es casual que utilicen exactamente la misma denominación que el Código Civil«. «Hay sectores que plantean que si la figura es la misma que la del Código nacional, la Ciudad no tendría entidad para prohibir los barrios privados al ciento por ciento, sino que debería decidir ante cada caso que se presente. Eso lo que se quiere instalar», explicó el representante del Observatorio, organización que presentó el amparo que terminó con la declaración de inconstitucionalidad de la venta de Costa Salguero.
En este sentido, Baldiviezo agregó que «es una manera de reconocer la posibilidad futura de que haya barrios cerrados, abrir la puerta para que la Legislatura pueda hacer excepciones concretas al Código Urbanístico para cada emprendimiento. Pero para nosotros está claro que el Código tiene jerarquía superior a una ley catastral».
En el mismo sentido se expresó Gabriela Muzio, especialista en normativa urbanística del Colectivo de Arquitectas en Defensa de las Tierras públicas, quien indicó que «todavía tenemos un andamiaje normativo que nos permite defender ciertas cosas«. Sin embargo, la arquitecta añadió que por «la mayoría automática que quienes proponen este modelo de ciudad poseen en la Legislatura, cada vez caminamos más hacia un armado jurídico que transforma la matriz tradicional de la Ciudad, volviendo legales cosas que históricamente no estaban permitidas».
En tanto, Barroetaveña aseguró que desde el bloque del FdT están en «alerta» porque «ya conocemos cómo se comporta el Gobierno porteño con estos temas, ya hubo proyectos como el Barrio Santa María, en la ex ciudad deportiva de Boca, donde se pretendía algo similar, pero la prohibición de barrios cerrados está y se tiene que respetar«. Por su parte, Andrade señaló que el proyecto «se enmarca en un proceso que el Gobierno lleva adelante de cara a los próximos 20 o 30 años. Claramente el objetivo parece ser seguir beneficiando a los grandes desarrollos inmobiliarios y excluyentes«.
«El Ejecutivo presenta un proyecto sobre el que no se debaten objetivos, alcances o urgencia. Lamentablemente, además, no le interesa informar, debatir o buscar consensos, es fundamental cambiar la forma en que se toman las decisiones urbanas en Buenos Aires«, dijo a este diario María José Leveratto, especialista en sustentabilidad ambiental, también integrante del Colectivo de Arquitectas.
Otro de los puntos del proyecto en que hicieron foco tanto los legisladores como las organizaciones es en la definición propuesta para «línea de ribera«. Aunque técnica, esa discusión se encuentra en el corazón del conflicto por las tierras del predio de Costa Salguero. Cuando la Justicia declaró inconstitucional la ley que habilitó la venta, lo hizo argumentando que esas tierras son de «dominio público» y no de «dominio privado«, como habían sido caracterizadas por la Legislatura porteña cuando aprobó aquella ley.
«La Línea de Ribera define la separación del curso del río, su cauce y sus orillas, con el resto de la ciudad. La Ley de Catastro viene a determinar lo que es parte del dominio público del río y lo que es del dominio privado«, explicó Baldiviezo. Según denunciaron desde el Observatorio, el proyecto «no admite la posibilidad de que la Línea de Ribera deslinde entre los cursos de agua (dominio público) de otros predios que también son del dominio público, como, por ejemplo, el de Costa Salguero». «Se advierte la pretensión del Gobierno de transformar subrepticiamente los predios costaneros que son del dominio público del Estado en bienes del dominio privado. Y, de esta forma, legalizar la inconstitucionalidad dispuesta por la Justicia«, agregaron.
«De la manera en que lo están planteando Costa Salguero podría ser uno de los barrios náuticos que mencionan», coincidió Andrade, quien agregó que «el proyecto genera una confusión con la Línea de Ribera, incluso el curso del Riachuelo podría ser objeto de este tipo de iniciativas«. Por su parte, Barroetaveña remarcó que «la definición de linea de ribera no está clara, no dice nada. Se explicita que la línea es el límite, pero no dice cómo se establece ese límite, ni hasta dónde se extiende, ni hasta dónde se puede vender«.
(Fuente: Página 12)
