Caso Lázaro Báez: un fallo contra Cristina Kirchner que ni siquiera figuró en el juicio

Jornada de lawfare. Tras una intensa presión mediática sobre una de las juezas, tal como anticipó PáginaI12, el Tribunal Oral Federal número 4 dio a conocer este mediodía otro fallo que se inscribe en la persecución orientada, en última instancia, contra Cristina Kirchner. Como se preveía, hubo una dura sentencia en la causa que los grandes medios llamaron Ruta del Dinero K, en el que finalmente no hubo ningún K, ya que no se encontraron ni cuentas ni sociedades ni bóvedas ni dinero oculto de los Kirchner. El empresario Lázaro Báez, principal imputado, fue condenado a 12 años de prisión, su hijo Martín a 9 años y el otro hijo, Leandro, a 5 años. El  arrepentido Leonardo Fariña resultó con cinco años de prisión, lo que contempló un descuento de tres años por haber declarado como colaborador, es decir que la condena hubiera sido de ocho. En paralelo, el veredicto fue duro con  el contador Daniel Pérez Gadin y el abogado Jorge Chueco, que trabajaban con Báez, ocho años cada uno; para el armador de sociedades ocultas Fabián Rossi fueron 5 años y el financista Federico Elaskar, cuatro. Las dos hijas del constructor santacruceño, Melisa y Luciana a tres años, pese a que no tuvieron participación alguna: el padre les usó los nombres para abrir cuentas, pero ellas ni siquiera firmaron. Todo es apelable ante la Cámara de Casación a partir del 26 de abril, cuando se conozcan los fundamentos, y la lógica es que las cosas terminen en la Corte Suprema. 

Lo que no se pudo conseguir con pruebas se intenta con los fundamentos. Dos de los magistrados, Costabel y Pallioti, sin que siquiera haya aparecido alguna evidencia en el juicio, dirán que el origen del dinero de Báez fueron ilícitos en la obra pública. Lo asombroso es que, en paralelo, se está haciendo el juicio específico sobre la construcción de rutas en Santa Cruz y la acusación está recibiendo una descomunal paliza: hasta los propios testigos de la fiscalía sostienen que es falsa la imputación.

Uno de los jueces del TOF 4 está claramente alineado con el macrismo, Néstor Costabel, por lo que la presión se ejerció sobre otra jueza, Adriána Pallioti, para que votara con Costabel. Tras dos feroces notas de grandes medios contra ella, la magistrada cambió su decisión y votó todo con Costabel. La otra magistrada, Gabriela López Iñiguez, votó en disidencia, tanto en los fundamentos como también en el monto de las penas, aunque también condenó prácticamente a todos. La jueza sostiene, en un texto que dió a conocer, que «Lázaro Báez amasó una fortuna en dinero negro, millonaria en dólares, producto de la defraudación tributaria, que luego escondió en diversos sitios que abarcaron desde guaridas fiscales offshore a la simple acumulación de dinero físico, trasladado mediante bolsos en vuelos privados a Buenos Aires para ser finalmente externado mediante cuevas financieras de la city porteña». La clave de la discrepancia está en lo que se llama el delito precedente. Para Costabel y Pallioti -lo dirán así el 26 de abril- el dinero provino de irregularidades en la obra pública en Santa Cruz, algo que casi no se tocó en este juicio. López Iñiguez, en cambio, dice que esa hipótesis no se probó de ninguna manera y que la plata viene de estafar al fisco. Asesorado por contadores y abogados de nivel evadió IVA y Ganancias. La jugada de Costabel y Pallioti va por otro lado: fundamentando que la plata venia de la obra pública, los dos jueces tienen el objetivo de apuntar a CFK, sea como sea, aunque en el juicio ni se tocó la construcción de rutas en la provincia sureña. 

Otros dos aspectos marcaron las diferencias. Mientras la mayoría impuso los 12 años de prisión para Báez -a todas luces una desmesura-, López Iñiguez se inclinó por una pena que de ninguna manera era baja: siete años y seis meses de prisión. El concepto fue el siguiente: que no puede haber desproporción en las penas entre el cliente (Báez) que usa cuevas, financieras y agentes de bancos internacionales para ocultar dinero y los dueños de esas cuevas, financieras y bancos internacionales. Nadie de los bancos suizos estuvo sentado en el banquillo de los acusados, siendo que sin ellos no hay lavado posible. También fueron sacados de la acusación los verdaderos dueños de la cueva a través de la cual se sacó el dinero a Suiza. 

Una crítica mucho más feroz expresa López Iñiguez respecto de la condena a las hijas de Báez. Considera que se trata de la expresión de una justicia sin perspectiva de género porque todo lo que ocurrió es que Báez desarrolló una conducta patriarcal apropiándose de los nombres de Melisa y Luciana, disponiendo de esos nombres para abrir cuentas cuando ninguna de las dos estaban ni siquiera enteradas y, por supuesto, no obtuvieron ningún beneficio de la utilización de sus nombres. 

El veredicto es el último episodio de las maniobras de este expediente que, sin dudas, baten records. Presionaron al juez Sebastián Casanello para que dictamine que Báez era testaferro de los Kirchner, pero como no se encontró ni una prueba, intentaron sacarlo de la causa con dos testigos falsos, armados por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), que declararon que el juez estuvo en Olivos hablando con CFK. Ambos testigos ya reconocieron la falsedad y se está definiendo la condena. Pero, por supuesto, el aparato de Comodoro Py frena la investigación sobre quién los mandó, es decir la AFI y Cambiemos.

Casanello sostuvo que no existe ninguna evidencia de que el dinero de Báez tuviera relación con los Kirchner, esencialmente porque las sociedades y las cuentas ocultas estaban todas a nombre de Báez y sus hijos y hasta hubo un testamento en el que también los únicos beneficiarios eran los integrantes de la familia. O sea, no había vínculo con sociedades que tuvieran terminales en otros paraísos fiscales, la modalidad que se le descubrió ahora, en Luxemburgo, a Gianfranco Macri en el caso de los parques eólicos. En las maniobras intervinieron sociedades que eran propiedad de otras sociedades y al final del hilo existía una sociedad propiedad de Gianfranco. No fue el caso de Báez: sólo estaban sus hijos en las sociedades, las dos chicas sin saberlo. 

Fue en este expediente que tuvieron a Báez cuatro años en la cárcel, con prisión preventiva, pero sujeto a una descomunal presión para que declare contra CFK. Encarcelaron a sus hijos, le grabaron los diálogos con sus abogados y con su pareja, los difundieron en los programas amigos. Todo el objetivo fue quebrarlo y que se convierta en «arrepentido».

En el juicio, la defensa de Báez admitió que el constructor sacó fondos a Suiza, a través de sociedades armadas en Panamá, pero sostuvo que el dinero se originó en las ganancias que retiró oficialmente de Austral Construcciones. Lo asombroso es que Báez trajo de regreso la mayor parte de los 55 millones de dólares escondidos en el exterior y lo hizo para participar de la licitación por las dos grandes represas de Santa Cruz. En ese concurso, Báez se presentó en asociación con Angelo Calcaterra, titular de Iecsa, del Grupo Macri. La alianza no pudo ganar aquella licitación.

A lo largo del juicio, la defensa de Báez, encabezada por Juan Villanueva, presentó los boletos de venta de terrenos de un country que, a través de un fideicomiso, Báez puso en marcha en un enorme terreno comprado al colegio Northlands en Escobar. El barrio, llamado Norhville, fue loteado y Báez sostiene que ese dinero, en dólares como ocurre en la Argentina, fue el que se contó en SGI, una financiera que usaban muchísimas grandes empresas. Después, Báez compró SGI y gran parte del conflicto por el que se ventilaron aquellas imágenes, provino de que supuestamente no pagó la mitad de lo comprometido. Había dudas acerca de cómo abordarían los jueces esta cuestión. Pero como el objetivo es CFK, lo que más importa es la obra pública.

En el juicio sobre las rutas de Santa Cruz, la acusación está recibiendo una demoledora paliza. Ya se comprobó –incluso en una auditoría hecha por el propio macrismo– que el estado no pagó nada que no se hubiera construido; que es falsa la versión de que las rutas llevaran a la nada; también se demostró que las demoras en las obras fueron las habituales en todas las provincias argentinas. En las audiencias de este lunes y martes, declararon Omar Riveros y Julio César Romero, ambos integrantes de la Comisión Permanente de la Verificación de la Deuda de la Dirección Nacional de Vialidad. Ambos sostuvieron que los pagos adelantados de obras no fueron ninguna irregularidad, no fueron exclusivos de Santa Cruz sino que se otorgaron en casi todas las provincias y están contempladas en la legislación. En el juicio también declararon los dueños de otras constructoras de Santa Cruz que fueron absorbidas por Báez y contaron que no hubo ninguna presión, que el pago fue lento pero que les terminaron pagando y que vendieron sus empresas por razones familiares. Todos eran testigos de la fiscalía y terminaron declarando a favor de la defensa. En todo juicio no hay mención alguna a Cristina Kirchner: las obras se votaron en el Congreso y las licitaciones, adjudicaciones y control los hizo cada provincia, no el estado nacional.

A lo largo del juicio sobre lavado de dinero no hubo referencias a la obra pública. Sólo alguna declaración del arrepentido Leonardo Fariña, pero está probado que desde la AFI, a través de un grupo de abogados, le guionaron lo que tenía que decir, porque Fariña no tuvo nunca relación con la obra pública, no sabía de licitaciones ni adjudicaciones y fue manejado por Cambiemos para meter por la ventana una acusación contra CFK. El aparato judicial-político-mediático de Comodoro Py se dedica a eso y, como en Brasil con Lula, dió a luz un veredicto teñido de persecución política.  (Fuente: Página 12)