Sus abogados hicieron una presentación para la Cámara Federal de Casación Penal en la que hablaron de “arbitrariedad fáctica y normativa”. Luciani, por su parte, solicitó que se la condene también por asociación ilícita.
La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner solicitó este lunes a la Cámara Federal de Casación Penal que deje sin efecto la pena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, que se le impuso en el juicio conocido como la “causa Vialidad”, y que se disponga su absolución.
El pedido de la presidenta fue hecho por sus abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy. En la presentación se argumenta que el fallo en su contra contiene “arbitrariedad fáctica y normativa” y constituye “un supuesto de enorme gravedad institucional”.
Por eso, los letrados reclamaron “absolver a Cristina Fernández de Kirchner en orden al hecho por el cual fue injustamente condenada y dejar sin efecto todas las penas que le fueron impuestas”.
CFK fue condenada en diciembre pasado por el Tribunal Oral Federal 2 a seis años de prisión e inhabilitación perpetua a ejercer cargos públicos en el marco de una causa que investigó supuestas anomalías en el otorgamiento de obra pública en Santa Cruz durante su gestión.
Según detalló la agencia de noticias estatal Télam, en la presentación hecha los abogados de la vicepresidenta señalaron que “la sentencia aquí recurrida consolida un caso paradigmático de arbitrariedad fáctica y normativa, en el sentido técnico que la Corte Suprema de Justicia de la Nación le ha asignado a dicha expresión”.
Asimismo, señalaron que “nos hallamos en presencia de un supuesto de enorme gravedad institucional, tal como lo hemos expuesto desde el inicio de este proceso, en el cual se ha intentado presentar como delictivos actos de gobierno absolutamente legítimos y no judiciables, desarrollados por tres gobiernos constitucionales, elegidos democráticamente por el voto popular”.
Además, indicaron que “mantenemos las reservas de acudir, de ser necesario, ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (art. 14 de la ley 48), así como también ante los organismos internacionales competentes en materia de derechos humanos por las vías pertinentes”.
Los letrados consideraron que en el proceso “se violó la garantía del juez natural” ya que “los magistrados actuantes, tanto en la etapa sumarial como en la instancia oral, evidenciaron una ostensible falta de independencia e imparcialidad frente al caso y las partes”.
Entre otras cosas, indicaron que en el juicio “se violó el deber de objetividad del Ministerio Público Fiscal, en tanto sus representantes actuaron guiados por finalidades que nada tienen que ver con el recto servicio de administración de justicia y la aplicación de la ley”.
“Se violó el principio ‘ne bis in ídem’ (prohibición de perseguir o sancionar dos veces) y el valor de la cosa juzgada, ya que se dictó una sentencia condenatoria basada en los mismos hechos que ya fueron juzgados y sobreseídos por los jueces competentes con calidad de cosa juzgada”, explicaron.
Entre otras irregularidades, señalaron que en el proceso “se violó sistemáticamente el derecho de defensa en juicio” y que “se violó el principio de inocencia, ya que a partir de múltiples inferencias de cargo, sin prueba alguna y no obstante haberse acreditado en a lo largo del juicio la absoluta inocencia de Cristina Fernández de Kirchner en orden a los hechos investigados, terminó siendo injustamente condenada”.
En tanto, hoy el fiscal Diego Luciani pidió que se agrave la pena impuesta a CFK y se la condene también por el delito de asociación ilícita, algo que fue desestimado por el Tribunal Oral Federal 2. (DIB) MT
