Más allá de la polémica que se generó en las últimas semanas sobre la supuesta adulteración de estadísticas sobre la cantidad de habitantes que tiene La Matanza, lo cierto es que la cantidad de personas que vive en cada municipio está bajo la atenta mirada de cada intendente, ya que de eso dependerá, por ejemplo, la coparticipación que reciban en los próximos años.
La “foto” con la que la provincia de Buenos Aires reparte los fondos coparticipables a los intendentes es la del Censo de 2010, es decir de hace doce años atrás, algo que puede cambiar considerablemente este año. Pero también de esa instantánea dependerán además los planes nacionales con alcance a los municipios y que se rigen por una segmentación en función del número de vecinos.
La provincia de Buenos Aires reparte un 16,14% del total de ingresos que percibe por impuestos sobre los Ingresos Brutos no descentralizados al ámbito municipal, Impuesto Inmobiliario Urbano, Impuesto a los Automotores, Impuesto de Sellos, Tasas Retributivas de Servicios y Coparticipación Federal de Impuestos.
El dinero a coparticipar de la recaudación de impuestos se distribuye por el Coeficiente Único de Distribución (CUD), que se reparte el 58% entre todas las municipalidades de acuerdo a los siguientes indicadores: 62% por en proporción directa a su población, y acá es clave el Censo. El 23% en forma inversa a la capacidad tributaria por cápita; el 15% por superficie. En tanto otro 37% por prestaciones de atención de salud, y el 5% en función de otros servicios.
Por eso, y ante la sospecha que en La Matanza se adulteraron datos en 2010, un grupo de legisladores de Juntos por el Cambio (JxC) presentaron un proyecto en el que alertaron sobre los números en esa comuna. Los diputados nacionales pretenden asegurar que La Matanza, ni ningún otro distrito del país, tenga posibilidades de volver a subir artificialmente su población, beneficiándose a expensas del resto en la distribución de la coparticipación.
De acuerdo a un estudio preliminar realizado por intendentes opositores, la manipulación de los datos censales podría haber arrojado pérdidas de coparticipación en el orden de 1.400 millones de pesos para La Plata; 1.310 millones de pesos en Quilmes y 1.290 millones en General Pueyrredón. También pérdidas en Lanús con 910 millones Y en Tres de Febrero por 680 millones.
Todas estas dudas, sin embargo, empezarán a quedar disipadas a partir de este miércoles, cuando unos 600 mil censistas salgan a la calle para cosechar los datos de la población nacional. (DIB) FD
