El presidente de Swiss Medical se refirió a los rumores que indican que el Gobierno busca ahogar a las empresas del sector para avanzar con una reforma estatizadora
Referentes del sector privado de la salud expresaron en los últimos días sus preocupaciones luego de que el gobierno nacional eliminara subsidios que estuvieron vigentes durante el 2020 y suspendiera una autorización que les permitía aumentar 7% las cuotas que pagan los afilados.
Esas decisiones, en un 2020 que terminó con una inflación por encima del 35% y en medio de proyecciones cercanas al 50% para el 2021, dejó a la compañías con serios problemas para garantizar las prestaciones y pagar los salarios de sus empleados.
Claudio Belocopitt, presidente de Swiss Medical Group y uno de los principales referentes de la medicina privada en la Argentina, expresó sus inquietudes por las resoluciones adoptadas por el Poder Ejecutivo en la tarde del 31 de diciembre y se refirió a los rumores que indican que estos movimientos buscan ahogar financieramente a las compañías del sector para forzar una suerte de estatización.
“Hay una infinidad de fantasías que no tienen ninguna lógica. Una de esas fantasías es crear un sistema único de salud para tener el poder completo. Porque si vos creás un sistema único de salud, no solo lo vas a administrar, sino que además vas a disponer qué droga entra y cual no y otras cuestiones más”, reconoció el especialista en diálogo con radio Mitre.
Y evaluó: “Yo creo que está bien que exista un sistema público re contra fuerte porque el acceso a la salud tiene que ser para todos, lo que vos no podés hacer es deteriorar el sistema privado a límites que uno no esté en condiciones de dar respuesta para luego decir “venimos nosotros a solucionar el problema” cuando en realidad el problema lo generaste vos”.
De acuerdo a las versiones que se comentan entre los empresarios del sector privado, integrado por quienes lo financian y por quienes prestan los servicios, el Gobierno pretende avanzar con una suerte de Sistema Único de Salud para integrar lo público con lo privado.
“De acuerdo a los rumores, todos los argentinos estarían dentro del mismo sistema de salud. Y eso es algo que no sería necesario implementarlo si la atención pública funcionara bien. Esto implicaría también avanzar sobre las obras sociales… Son todas versiones, pero lo cierto es que congelar las tarifas por abajo de los costos es absolutamente peligroso”, especificó Belocopitt.
Entre afiliados directos y miembros de obras sociales, la salud privada atiende actualmente a 30 millones de personas -cerca del 70% de la ciudadanía- y mueve alrededor de $800 mil millones al año.
Infobae reveló ayer cómo se gestaron las idas y vueltas que hoy preocupan a las empresas. La historia comenzó los primeros días de diciembre. El Gobierno había habilitado un ajuste en las cuotas que finalmente quedó stand by. Ese traspié habilitó una negociación de varias semanas que tuvo como protagonista no sólo a González García, sino también al superintendente de Servicios de la Salud, Eugenio Daniel Zanarini -que luego del culebrón terminó internado-.
El diálogo había sido complejo, principalmente porque se trata de un sector de la economía cuyos ingresos -regulados por el Estado- estuvieron muy por detrás de la inflación en 2020, el año que tuvo a Salud como protagonista por la pandemia de coronavirus. Pese a las diferencias, los funcionarios saben que el 70% de la población del país se atiende en el sistema de salud privado y que la decisión de discontinuar la Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) y otros subsidios vinculados a la pandemia provocaron un daño en las finanzas deficitarias de las compañías.
Luego de esas discusiones acaloradas, los referentes de las principales compañías tenían una promesa que no los convencía, pero que creían que se cumpliría de acuerdo a lo que les habían adelantado los funcionarios del área: que a partir de febrero podrían aumentar sus cuotas un 7% y luego seguirían negociando para encontrar un punto de entendimiento. El propio presidente Alberto Fernández y el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, estaban al tanto de lo que sucedería y habían habilitado la suba. Sin embargo, luego de que se publicara la primera última resolución del año del Ministerio de Salud, algo se quebró en la cúpula del poder político que impulsó al jefe de Estado a suspender sus efectos.
Quienes conocen los entretelones del culebrón, le atribuyen la marcha atrás a la vicepresidenta Cristina Kirchner, quien opuso una resistencia inflexible en una conversación telefónica con el Presidente, que en rigor habría tenido poco de conversación. “Fue casi un monólogo que terminó en forma abrupta”, reconocen en el entorno de ambos. Su posición podría tener algún tipo de explicación económica en un 2021 difícil en materia de inflación para el Gobierno: analistas revelados por el Banco Nación pronosticaron una suba de precios superior al 50 por ciento. Pero en realidad, las explicaciones están mucho más cerca de la política que de la economía.
La ex presidente tiene en la mira a las empresas de la salud y no lo oculta. Recientemente, en un acto organizado por Axel Kicillof en La Plata del que también participó Alberto Fernández, CFK aseguró que uno de los desafíos del 2021 será “repensar” todo el sistema. “Nuestro país debe ser en toda Latinoamérica el que más recursos humanos, tecnológicos e inversiones tenga en materia de salud. Lo que pasa es que lo tenemos dividido en tres sistemas: público, privado y obras sociales. Vamos a tener que repensar un sistema de salud integrado”, señaló. Y agregó: “Tenemos que repensar no solamente el sistema sanitario, sino un diseño de país que olvide esa concentración tan injusta e ineficiente económicamente”.
¿Qué significa eso en términos prácticos? Quien seguramente tiene la respuesta es el viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, que trabaja en un proyecto de reforma cuyo borrador ya recorrió las oficinas principales del Instituto Patria. Los empresarios de la salud están convencidos de que la iniciativa retoma el espíritu de un decreto de necesidad y urgencia que había promovido el Poder Ejecutivo en el inicio de la pandemia y luego fue desestimado que declaraba de interés público todos los recursos sanitarios del país. (Fuente: Infobae)
