Día Nacional de la Memoria por la Verdad y Justicia
Ayer se recordó el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y Justicia, y el Comité de la UCR de Chascomús hizo llegar a nuestra redacción un documento que a continuación publicamos:
“El 24 de marzo de 1976, un golpe de Estado cívico-militar derrocó al gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón e instaló en su lugar a una junta militar encabezada por los comandantes Jorge R. Videla (Ejército), Emilio E. Massera (Armada) y Orlando R. Agosti (Fuerza Aérea).
En ese marco se dictaron normas por encima de la Constitución; se disolvieron el Congreso y los partidos políticos; se prohibió la actividad sindical; se anuló la libertad de expresión y se devastó la economía nacional.
De esa forma comenzó en la Argentina la etapa más oscura y sangrienta de su historial, signada por una constante violación de los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, un permanente terrorismo de Estado con más de 30 mil personas desaparecidas; estudiantes, militantes, sindicalistas, docentes, intelectuales y trabajadores resultaron perseguidos y secuestrados con privaciones ilegítimas de libertad, sufriendo torturas en centros clandestinos de detención, siendo miles asesinados. A esto se sumó la apropiación de recién nacidos y masivos exilios forzados.
Esta modalidad de gobierno y modo de operar, formó parte a de un plan mayor conocido como Plan Cóndor, que se estableció en toda Latinoamérica.
No obstante, parte de la sociedad reaccionó y los familiares de las víctimas reclamaron la aparición con vida de sus hermanos, padres e hijos desde 1977.
Se destacan en esta lucha las Madres de Plaza de Mayo, que comenzaron a marchar todos los jueves en la Plaza de Mayo reclamando por sus seres queridos y poniendo en evidencia lo que muchos no veían o no querían ver.
Las primeras madres también sufrieron desapariciones: Azucena Villaflor, María Eugenia Ponce de Bianco y Esther Ballestrino de Careaga fueron secuestradas en diciembre de 1977 por la Armada; llevadas a la ESMA, torturadas y arrojadas vivas al mar.
Por otro lado, el 15 de mayo de 1977 María Eugenia Casinelli y otras once abuelas firmaron un hábeas corpus colectivo en el que hacían saber la existencia de bebés desaparecidos y solicitaban que se suspendiesen las adopciones. Fue el inicio de las Abuelas de Plaza de Mayo, que hasta el momento y tras una incansable labor lograron devolver su identidad a casi 130 nietos, y siguen buscando a más de 300 niños.
El Día Nacional de la Memoria por la Verdad y Justicia, establecido por ley en el año 2002 busca mantener vivos en la reflexión y memoria social los tristes acontecimientos de la última dictadura cívico militar; pero hay hechos ocurridos años anteriores al golpe que también deben ser recordados.
Inicio del terrorismo
de Estado
El secuestro y desaparición de Mirta Misetich en 1971 fue el primero en el que se utilizó la metodología de desaparición forzada, incluyendo zona liberada, que se utilizaría después sistemáticamente.
El 22 de agosto de 1972, detenidos del PRT-ERP, FAR y Montoneros fueron fusilados clandestinamente en una base militar de Trelew, en lo que se ha considerado como la primera acción del terrorismo de Estado en la Argentina.
En octubre de 1973, también como terrorismo de Estado pero en un gobierno democrático, comenzó a operar el grupo parapolicial Triple A, financiado por el gobierno y dirigido por el Ministro de Bienestar Social José López Rega, que en los dos años siguientes asesinaría a 683 personas.
Su primer atentado fue el 21 de noviembre de 1973, contra el ex senador radical Hipólito Solari Yrigoyen, cuando una bomba destrozó sus piernas.
El 18 de diciembre de 1975, tres meses antes del golpe cívico militar, se fundó la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), creada para hacer frente a las violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Convocada por Rosa Pantaleón, la integraron Raúl Alfonsín, el obispo de Neuquén don Jaime de Nevares, el rabino Marshall Meyer, el obispo Carlos Gatinoni, la doctora Alicia Moreau de Justo, Oscar Alende, Susana Pérez Gallart, Adolfo Pérez Esquivel y Alfredo Bravo.
Con la dictadura ya en el gobierno, la APDH desempeñó un importante papel de defensa de los derechos humanos y Alfonsín puso gratuitamente su servicio de abogado para defender opositores y presentar hábeas corpus por los detenidos-desaparecidos, actividad que por sí misma solía significar la muerte.
En 1976 Hipólito Solari Yrigoyen fue detenido-desaparecido por la dictadura, para ser luego expulsado del país. Con él permaneció también detenido-desaparecido el dirigente radical Mario Abel Amaya, que murió a consecuencia de las torturas sufridas.
La dictadura no permitió que Amaya fuera velado en la Casa Radical. Su entierro se realizó en Trelew y en el mismo habló Raúl Alfonsín.
Cabe recordar que en 1972 cuando se produjo la fuga de presos políticos en la cárcel de Rawson y durante la cual un gran grupo quedó atrapado en el aeropuerto de Trelew; los fugados exigieron como garantía la presencia de los abogados radicales Mario Amaya e Hipólito Solari Yrigoyen. Pocos días después varios de los detenidos serían asesinados en lo que se conoce como la Masacre de Trelew; y al poco tiempo Amaya fue detenido por la dictadura que gobernaba en ese momento.
El 10 de septiembre de 1976 fue secuestrado el dirigente radical Sergio Karakachoff. Apareció torturado y muerto el 11 de septiembre, en las afueras de la ciudad de La Plata. Durante su velatorio la represión ilegal abrió fuego sobre el frente de la funeraria.
Guerra de Malvinas y retorno a la democracia
En 1982 la dictadura emprendió la Guerra de Malvinas contra el Reino Unido. El plan planificado por el régimen militar para “autolegitimarse” se convirtió en un bumerang y aceleró su descomposición. La derrota en Malvinas y la fuerte resistencia de los sectores populares obligó al gobierno militar a llamar a elecciones para el 30 de octubre de 1983, en las que triunfó el candidato de la Unión Cívica Radical, Raúl Alfonsín.
El 15 de diciembre de 1983 Alfonsín sancionó los decretos 157/83 y 158/83. Por el primero se ordenaba enjuiciar a los dirigentes de las organizaciones ERP y Montoneros; por el segundo se ordenaba procesar a las primeras tres juntas militares. El mismo día creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), integrada por personalidades independientes como Ernesto Sabato, Magdalena Ruiz Guiñazú, Graciela Fernández Meijide, entre otros, con la misión de relevar, documentar y registrar casos y pruebas de violaciones de derechos humanos, para fundar el juicio a las juntas militares.
También el 15 de diciembre Alfonsín envió al Congreso un proyecto de ley declarando nula la ley de autoamnistía Nº 22.924 dictada por el gobierno militar. Una semana después el proyecto fue sancionado como Ley Nº 23.040, la primera ley de la nueva etapa democrática.
El 20 de septiembre de 1984 la CONADEP produjo su conocido informe titulado “Nunca Más y concurrió a entregarlo al presidente Alfonsín, acompañada por una multitud.
Juicio a las
Juntas Militares
El 4 de octubre de 1984 la Cámara Federal desplazó al tribunal militar que estaba enjuiciando a las juntas para hacerse cargo directamente del juicio. Los fiscales fueron Julio César Strassera y Luis Gabriel Moreno Ocampo. El juicio se realizó entre el 22 de abril y el 14 de agosto de 1985. Se trataron 281 casos. El 9 de diciembre se dictó la sentencia condenando a Jorge Rafael Videla y Eduardo Massera a reclusión perpetua, a Roberto Viola a 17 años de prisión, a Armando Lambruschini a 8 años de prisión y a Orlando Ramón Agosti a 4 años de prisión. Por las características que tuvo, la condena a las juntas militares realizada por un gobierno democrático constituyó un hecho sin precedentes en el mundo.
En 1987 un conjunto de militares conocidos carapintadas, con la excusa de estar disconformes con la cúpula mayor de las Fuerzas Armadas llevaron a cabo un intento de golpe de estado y luego otros 3 más: 2 (dos) contra el gobierno de Raúl Alfonsín y el último en 1990 contra el de Carlos Menem.
No obstante, Alfonsín, sin poder militar y según su propio testimonio para evitar un sangriento golpe de Estado y eventualmente a una guerra civil, tomó medidas que desembocaron en la leyes de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, aprobadas por las Cámaras de Diputados y Senadores, que fueron objeto cuestionamientos por parte de las organizaciones de derechos humanos, el movimiento estudiantil, y las fuerzas políticas progresistas, incluidos sectores internos del radicalismo como la Juventud Radical y su brazo universitario Franja Morada.
Derogación de leyes
e indultos
Con posterioridad, ambas leyes y los indultos a los jefes militares y guerrilleros ya condenados, concedidos por el presidente Carlos Menem en 1989, fueron derogadas por el Congreso Nacional en 2003, bajo la presidencia de Néstor Kirchner. El propio Alfonsín apoyó la nulidad de las leyes, aunque aclaró que le correspondía a la Corte Suprema hacerlo, y no al Congreso.
El 14 de junio de 2005, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad de estas normas, lo que permitió que se desarrollen numerosos juicios orales y públicos contra quienes cometieron los crímenes de la dictadura.
Rompiendo este marco, desde el 3 de julio de 2013 y hasta el 24 de junio de 2015, en la presidencia de Cristina Kirchner, fue designado como Jefe de Estado Mayor General del Ejército César Milani.
Su nombramiento fue objetado desde distintos ámbitos, y se lo impugnó por la denuncia del ex preso político Ramón Olivera por apremios ilegales y por la denuncia de haber participado en la desaparición del conscripto Alberto Ledo el 17 de junio de 1976; hecho denunciado por su madre, Marcela Ledo, quien sería luego una de las fundadoras Madres de Plaza de Mayo de La Rioja.
El 17 de febrero de 2017 Milani quedó detenido, a causa de su presunta participación en los casos de Pedro Olivera, Alfredo Olivera y Verónica Matta y en marzo de 2017 fue procesado por la Justicia Federal como integrante de una asociación ilícita que secuestró y torturó personas.
Quedan hechos
por aclarar
Quedan muchas hechos por aclarar, tal el caso de la desaparición Jorge Julio López, el 18 de septiembre de 2006 en plena democracia y tras haber declarado como víctima y testigo en el juicio por delitos de lesa humanidad en el que fue condenado a prisión perpetua el represor Miguel Etchecolatz; la muerte por un disparo en la cabeza del Fiscal Alberto Nisman, que tenía a su cargo la causa del atentado contra el edificio de la AMIA, el 18 de enero de 2015, un día antes de concurrir a la Cámara de Diputados tras su denuncia a la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner y a otros, atribuyéndoles la intención de encubrir a un grupo de sospechosos en la causa AMIA mediante la firma del memorándum de entendimiento Argentina-Irán; la desaparición de Santiago Andrés Maldonado el 1 de agosto de 2017, durante el actual gobierno del Presidente Mauricio Macri, cuya carátula sigue siendo “desaparición forzada” y la desaparición el 15 de noviembre del 2017, en el Mar Argentino, del submarino San Juan, con 44 personas a bordo, entre ellas una mujer, cuando se trasladaba desde Ushuaia a Mar del Plata; siendo una incógnita, no respondida hasta el momento por las autoridades, el estado en qué se encontraba la nave y cuál era su verdadera misión. La causa es tramitada por la Jueza Federal de Caleta Olivia Marta Yáñez.
Hoy el radicalismo se enorgullece de haberle devuelto la vida a la República, demostrando que sólo las instituciones de la democracia pueden garantizar la vigencia de los derechos humanos.
Pero la democracia es una conquista colectiva, de todos los argentinos y se ha trazado una línea de no retorno con el pasado violento, un ‘Nunca Más”, como lo proclamara en 1985 el fiscal Julio César Strassera.
No debemos olvidar las consecuencias nefastas que tuvo en nuestro país la falta de valoración de la libertad individual, el respeto por la vida y el apego por la ley.
Hay ahora nuevos desafíos que se suman como, por ejemplo, la lucha contra la exclusión, contra la violencia, contra la discriminación y contra el narcotráfico.
Estas son sólo algunas de las tareas pendientes que debemos resolver para hacer de este país un hogar digno para todos”.
Comité de la Unión Cívica Radical de Chascomús
Leave a Reply