Cuando una vicepresidenta y el gobernador de la provincia donde vive el 40 por ciento de los habitantes del país, acusan al Poder Judicial de actuar en forma parcial y lo demuestran en forma abrumadora, se produce un conflicto institucional al que el Poder Judicial necesita dar respuesta. Porque en el mismo instante en que eso sucede, se pone en tela de juicio todo el andamiaje jurídico que sostiene la convivencia de una Nación.
Si la mayoría de los habitantes de este país considera que este sistema judicial siempre falla en función de los intereses de los poderes fácticos, el sistema pierde sentido, incluso para los que se aprovechan de esa circunstancia. Porque en el momento que se produce ese disloque, el Poder Judicial pierde autoridad como árbitro legítimo. Es un Poder Judicial sin legitimidad. Esa falta de legitimidad de uno de los tres poderes sobre los que se asienta la República implica una crisis institucional grave.
Nadie podrá decir que Cristina Kirchner y los demás blancos de la persecución judicial del macrismo, no tuvieron paciencia. Aportaron pruebas suficientes que desmintieron las acusaciones en todos los casos. Es claro que la expresidenta prefirió ese camino, aunque le significara el escarnio público en los medios hegemónicos, la persecución a sus familiares, hasta la enfermedad de su hija Florencia.
No se puede enjuiciar a una persona que ha sido elegida dos veces presidenta y que es la referente social y moral de la mayoría de los argentinos con jueces y fiscales muy cuestionados, con testimonios de peritos falsos, obtenidos con extorsión, o con falsos testimonios. Todos ellos ahora están acusados acusados por ese delito, pero se mantienen las causas en las que intervinieron.
Falsos testigos inventaron una visita del juez Sebastián Casanello a la Quinta de Olivos y los medios destrozaron a la vicepresidenta. Esos dos testigos van a ir a la cárcel por falso testimonio. Pero Gustavo Hornos, el presidente del tribunal de Casación ante el que Cristina Kirchner declaró el jueves, visitó en seis oportunidades a la Casa Rosada para hablar con el expresidente Mauricio Macri. Y cada una de esas visitas fue previa a alguna decisión del tribunal que la perjudicaba. Los medios mantuvieron silencio, igual que los jueces de la sala que la estaban escuchando el jueves, que son subordinados de Hornos. Un comentarista del poder dijo que solamente los fanáticos podían creer eso.
No es que el Poder Judicial no puede enjuiciar a un presidente o expresidente. Pero lo tiene que hacer con mucha solvencia para evitar la crisis en que se metieron ahora. Mauricio Macri tiene algunas causas abiertas que lo involucran. El presidente Alberto Fernández anunció al abrir las sesiones del Congreso que denunciará por administración fraudulenta a los responsables de la deuda tomada con el Fondo Monetario durante la gestión de Macri.
Pero en este caso, el escándalo es tan evidente que hasta el Fondo Monetario anunció que investigará ese préstamo que sirvió para financiar la campaña electoral de Macri. No necesita inventar testigos, ni campañas mediáticas con informaciones falsas, no necesita que los servicios de inteligencia graben las conversaciones a nadie: hay 46 mil millones de dólares que entraron y no están en el Estado, sino en cuentas offshore de los amigos del presidente. Una deuda desmedida que no fue aprobada por el Congreso y que transgredió las leyes argentinas y el reglamento del Fondo.
Aún así, la acusación contra el expresidente Macri tiene que estar muy respaldada por un cuerpo probatorio que no deje ninguna duda. Y no por una campaña mediática que reemplace la existencia real de pruebas, como ha sido el lawfare que aplicó el macrismo en Argentina.
La expresidenta Cristina Kirchner no está entre las simpatías del mundo financiero internacional. Pero menos simpatía le tienen a Mauricio Macri, que fue su paladín y al que ahora consideran un inepto que desperdició el respaldo que le dieron.
El anuncio del Presidente está relacionado directamente con la negociación con el FMI, porque el pueblo argentino deberá pagar un préstamo que le concedieron a un político para respaldarlo en su campaña electoral. El organismo financiero tiene que hacerse cargo de esa responsabilidad. Y el Estado argentino está en la obligación de remarcarlo en esa negociación.
Los juicios contra la expresidenta Cristina Kirchner se realizaron en parte para congraciarse con los usureros internacionales y los organismos financieros. La causa que anunció Alberto Fernández tiene el objetivo contrario: busca demostrar la responsabilidad de los organismos financieros en la crisis que dejó el macrismo y castigar a sus responsables.
Esta denuncia generó una salvaje andanada de críticas desde los medios hegemónicos y desde los comentaristas políticos especializados en explicar el punto de vista de los intereses fácticos. Hablan de endurecimiento. Habría un Alberto duro –detestable– y otro blando –más aceptable. A Cristina la acusaron de bipolar. Ahora resulta que Alberto Fernández tendría una personalidad “oscilatoria”, según dijeron los más benignos. Los otros directamente lo acusaron de someterse a Cristina Kirchner. En el imaginario de los conservadores, ella sería la encarnación del demonio.
Pero el que negocia la deuda no es ella, sino el presidente a través, en todo caso, de su ministro Martín Guzmán, y necesita remarcar la desmesura del crédito que ahora deberá pagar. Y tiene que demostrar que fue una decisión política y no económica, lo cual transgredió, abiertamente –por lo menos esta vez– los reglamentos de la institución.
El Presidente ha sido muy crítico de los mecanismos judiciales que usó el macrismo para perseguir a sus adversarios. Es un académico del derecho y tiene un interés personal en este tema sobre el cual se viene explayando desde la campaña electoral.
Las propuestas que están incluidas en la reforma judicial que envió al Congreso son moderadas. Revelan la esperanza de que se conviertan en la patada inicial para una transformación más profunda. En todo el mundo se habla del “control cruzado de los poderes”, pero aquí levantó la furia de la corporación de funcionarios judiciales.
Si no fuera así, no habría nada que cambiar. Es evidente que el rechazo es a perder privilegios y una impunidad que hasta ahora tenían consagrada en la medida que no se metieran con los poderes fácticos. Todos los estamentos del Poder Judicial han sido afectados por la manipulación y politización del macrismo. Tiene que haber una reacción que busque la recuperación de un Poder republicano indispensable para la convivencia en paz. (Fuente: Página 12)
