Lo que está en debate es la iniciativa para cambiar las normas urbanísticas actuales de los terrenos donde funcionó el complejo Costa Salguero, y el predio lindante de Punta Carrasco, para habilitar allí el emplazamiento de un conglomerado de edificios de hasta 29 metros de altura.
Las primeras jornadas de la audiencia pública en la Legislatura por la rezonificación de Costa Salguero convocaron a vecinos, dirigentes y ambientalistas que se pronunciaron en contra del proyecto de «privatización» del Gobierno porteño y pusieron el foco en el bloque de la UCR, que responde a Martín Lousteau, que tendrá el voto clave para definir la aprobación de la ley en 2021.
En las primeras cuatro fechas de las 29 previstas para la audiencia pública, cerca de 600 personas manifestaron su rechazo a lo que tildaron de «proyecto inmobiliario» del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y afirmaron también que se opone a lo establecido en la Constitución local respecto que las tierras ribereñas deben ser de acceso público.
Puntualmente, en la Legislatura porteña está en debate una iniciativa del Ejecutivo porteño para cambiar las normas urbanísticas actuales de los terrenos donde funcionó el complejo Costa Salguero, y el predio lindante de Punta Carrasco, para habilitar allí el emplazamiento de un conglomerado de edificios de hasta 29 metros de altura.
Muchos oradores recordaron la frase vertida por Lousteau: «Larreta, todo lo que puede vender en términos inmobiliarios, lo vende»
La iniciativa ya tiene una primera sanción parlamentaria y prevé una segunda aprobación en 2021 luego que finalice la audiencia pública, el 27 de enero, que es la instancia de participación ciudadana obligatoria, pero no vinculante, que demandan los proyectos de ley que involucren cambios a los usos de suelos, como es el caso de la Costanera.
De cara a la segunda lectura, la atención estará puesta en el bloque de UCR-Evolución, referenciado con Lousteau, que cuenta con nueve escaños que son lo que inclinarán la balanza en una futura votación ya que la bancada oficialista de Vamos Juntos no reúne las 31 manos alzadas necesarias y se verá exigido a contar con el acompañamiento de otros espacios.
Fuentes del bloque radical admitieron a Télam que el voto positivo a la primera sanción se dio para «habilitar la participación ciudadana» en la audiencia pública, no obstante se mostraron cautelosos frente a una definición del posicionamiento que adoptarán en 2021.
Entre los testimonios que se escucharon durante la audiencia, muchos oradores recordaron la frase vertida en una entrevista televisiva por Lousteau en 2018 -cuando peleaba por lograr una interna con el jefe de Gobierno para definir el candidato en la Ciudad- en donde aseguró que «Larreta, todo lo que puede vender en términos inmobiliarios, lo vende».
El secretario general de la CTA de la Ciudad, Eduardo López, apuntó, durante la audiencia, contra el actual senador nacional por Juntos por el Cambio al señalar: «Todo no se compra y se vende, el aire no se compra, el agua no se compra y la dignidad tampoco se compra. Decile a tus legisladores que no voten lo que quiere comprar Larreta, que es la privatización del río y la costanera».
También el legislador del Frente de Todos Javier Andrade consideró que «habrá que ver lo que hacen el año que viene el espacio de Lousteau, que en sus plataformas y sus propuestas políticas tiene un lugar específico para el espacio verde y acá, con el proyecto de Costa Salguero, se está cercenando la posibilidad de contar con un espacio verde de 33 hectáreas».
«El diputado de la UCR Martín Ocampo dijo que iban a votar en primera lectura para escuchar a la ciudadanía, entonces espero que estén escuchando la audiencia pública porque, prácticamente, son todas intervenciones en contra. Esperamos que tomen nota para ver cómo resignifican y reconsideran su votación en la segunda lectura», dijo Andrade ante una consulta de Télam.
Otro de los puntos cuestionados del proyecto del Ejecutivo es la contradicción en la que entraría con el artículo 8 de la Constitución de la Ciudad que indica que «los espacios que forman parte del contorno ribereño de la Ciudad son públicos y de libre acceso y circulación».
El director de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa, Eduardo Jozami, expresó, en la audiencia, que «ese artículo considera esos terrenos inequívocamente públicos» y alertó sobre un «desapego» del Gobierno de la Ciudad por la Constitución porteña.
Por su parte, el abogado y ambientalista Enrique Viale aseguró que «estamos ante el negocio inmobiliario del siglo».
«Dicen que el valor del metro cuadrado será de 9.000 dólares. Eso da 2.340 millones de dólares. Ese es el negocio, y no es un negocio para la Ciudad y sus ciudadanos, sino para los amigos del poder, para los de siempre. Parece que hay que financiar campañas políticas presidenciales», remarcó.
Por su parte, el legislador de Vamos Juntos y vicepresidente del PRO porteño, Claudio Romero, defendió la propuesta para la construcción de edificios y el Parque Salguero y sostuvo que las primeras jornadas de la audiencia pública fueron «un acto militante, lo cual no está mal porque todo el mundo tiene derecho a ejercer la política como le parece».
«Nosotros vamos a cumplir con los pasos que indica la Constitución de la Ciudad, con la ley de audiencias públicas y la ley de segunda lectura y en el mes de marzo seguramente le estaremos dando el tratamiento al proyecto del Parque Salguero que va a tener una votación favorable», anticipó.
Jonatan Baldiviezo, del Observatorio del Derecho a la Ciudad, una de las organizaciones que participó de la audiencia, dijo a Télam que «si no archivan este proyecto, va a quedar muy develado que el Gobierno porteño no representa a la ciudadanía y que responde a un sector inmobiliario y sus propios intereses electorales». (Fuente: Télam)
