Con el voto mayoritario oficialista y la negativa de la oposición el Concejo Deliberante le dio amplios poderes al Intendente Javier Gastón

Por cuestiones de emergencia
El Jefe Comunal podrá entre otras cosas en forma directa rescindir o adecuar los contratos administrativos, suscribir convenios de saneamiento económicos financieros, desistir o conciliar procesos judiciales; concretar acuerdos conciliatorios o transaccionales en el Juicio por la Rifa de las Escuelas Rurales, efectuar venta de bienes muebles innecesario y de todos aquellos inmuebles no sean necesarios para llevar adelante la prestación de servicios públicos.

Tal como se había anunciado, ayer a la mañana el Concejo Deliberante de Chascomús, en sesión extraordinaria, aprobó por mayoría oficialista la ordenanza de adhesión a la Ley Provincial 15.165 que declara el estado de emergencia social, económica, productiva y energética en el ámbito del territorio bonaerense, que además delega amplios poderes del Cuerpo Deliberativo al Intendente Municipal Javier Gastón.
Dicha ordenanza fue aprobada por 8 votos del Frente de Todos (Peronsimo y Unidad por Chascomús) a 6 de los bloques de la UCR y Cambiemos Chascomús. Estuvieron ausentes Marcelo Auzoverría (FdT) y Lorenza Márquez (UCR).
El orden del día tuvo solo cinco proyectos, siendo el aludido el último, que presentado por el Departamento Ejecutivo de Chascomús originó un interesante debate con intercambio de opiniones, del que participaron Gabriel Macchi (Peronismo – FdT), Mariela Alfonsín (UCR), Fernanda Coronel (UxCh – FdT), Augusto Villa (Cambiemos Chascomús), Jorge Marino (FdT) y Ramiro Ferrante, que coincidió con los argumentos opositores de Alfonsín y Villa.
Cabe recordar que ahora el Jefe Comunal podrá en forma directa rescindir o adecuar los contratos administrativos; suscribir convenios de saneamiento económicos – financieros con el Ministerio de Economía de la Provincia; impulsar ante el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires el cumplimiento de la establecido en la ley 14087 (creación del Partido de Lezama); desistir o conciliar procesos judiciales; concretar acuerdos conciliatorios o transaccionales en el Juicio por la Rifa de las Escuelas Rurales; efectuar mientras dure la emergencia la venta de bienes muebles o muebles registrables innecesarios; efectuar mientras dure la emergencia la venta de todos aquellos inmuebles de dominio municipal que no sean necesarios para llevar adelante la prestación de servicios públicos a cargo del Municipio y suspender los aumentos salariales para los funcionarios políticos hasta el 31 de julio del corriente año y hasta el cargo de Director General.
Cabe destacar que para atenuar esta pérdida de control del Concejo Deliberante se agregó por unanimidad un artículo que establece, para los casos más importantes de los mencionados, que el Ejecutivo debe mantener informado al Concejo de las gestiones y concurrir al mismo antes de concretar acciones.
La prórroga durará hasta el 31 de diciembre de 2020, con opción a nueva extensión.