El gobierno de María Eugenia Vidal obligó mediante el Decreto 116 del año pasado a que 6.341 jefes policiales presentaran sus declaraciones juradas, con la clara intención de determinar si hubo algún tipo de ganancia deshonesta.
A pesar de que se dio un plazo y un par de prórrogas, la Auditoría General de Asuntos Internos, encabezada por el abogado Guillermo Berra y que depende del Ministerio de Seguridad que conduce Cristian Ritondo, dispuso en las últimas horas dejar cesantes a veinte de los jefes de la fuerza.
De acuerdo a un informe reservado al que pudo acceder este diario, el pedido de Vidal de que los oficiales desde la jerarquía de subcomisarios blanqueen su patrimonio dejó secuelas.
Se iniciaron 300 sumarios por enriquecimiento ilícito. De esos casos, llegaron a la Justicia ordinaria 73; 66 de ellos, imputados por el mismo delito y siete, por lavado de activos.
Los policías fueron denunciados en la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) y ante la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).
Agotados todos los tiempos administrativos en el Ministerio, y a casi un año del vencimiento del primer plazo para entregar las declaraciones juradas, se están cerrando los sumarios y quedarán fuera de la Policía Bonaerense los que no las presentaron ante la Escribanía General de Gobierno ni ante Asuntos Internos.
Un vocero de la cartera de Seguridad explicó que «274 no presentaron la declaración jurada en Escribanía, y de ese total, 58 tampoco lo hicieron en Asuntos Internos. Pero 38 sí entregaron el informe, aunque fuera de tiempo, y veinte son los que van a ser desplazados».
«La falta es grave, por no cumplir dos mandatos administrativos y no querer mostrar su patrimonio», sostuvo un vocero de Seguridad.
Expulsados por al menos tres años
En este proceso tuvo una función clave Berra, un hombre de máxima confianza de Vidal con quien trabaja desde 2008, cuando fue su director de Legal y Técnica en el entonces Ministerio de Desarrollo Social porteño.
Berra ya venía acumulando información sobre los sumarios administrativos para poder exonerar a quienes no presenten sus informes y que no haya ningún resquicio legal para que intenten regresar a la fuerza mediante un amparo y algún juez «permisivo».
En el documento al que accedió este medio se detalla que los veinte cesanteados son comisarios y subcomisarios, y que la medida los expulsa de la fuerza por al menos tres años. Recién vencido este plazo, podrán ir a la Justicia ordinaria para intentar volver a ser empleados públicos en la Policía Bonaerense.
En tanto, los 38 que demoraron en entregar sus declaraciones juradas serán suspendidos 60 días, período en el cual no cobrarán sus haberes. Además, en el primer análisis de esos reportes se habrían detectado irregularidades, inconsistencias entre ingresos y propiedades.
Se postergaría el plazo este año
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