Se trata de un proyecto integral contra la violencia institucional, que busca «prevenir y erradicar» estos actos por parte de las fuerzas policiales, de seguridad y servicios penitenciarios.
Un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados se reunirá este lunes para continuar con el debate de un proyecto integral contra la violencia institucional, que busca «prevenir y erradicar» estos actos por parte de las fuerzas policiales, de seguridad y servicios penitenciarios.
Se trata de la tercera reunión informativa de las comisiones de Seguridad Interior, que preside Paula Penacca (Frente de Todos) y de Derechos Humanos, a cargo de Hugo Yasky (Frente de Todos), que se realizará a partir de las 10, con la presencia de asociaciones de trabajadoras y trabajadores, quienes harán aportes sobre la temática.
Concurrirán como invitados Miguel Gaya, de la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina; Tomás Eliachev, secretario general del Sindicato de Prensa de Buenos Aires; Miguel Aponte, secretario Administrativo de Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación, y Victorio Paulon, secretario de Derechos Humanos de la Central de Trabajadores de la Argentina.
También asistirán Patricia Mounier, secretaria de Derechos Humanos del Sindicato Argentino de Docentes Privados; Mario Carlos Torroba, de la Unión Personal Municipal de Berazategui, y Georgina Orellano, secretaria general de la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina.
El proyecto integral para erradicar la violencia institucional fue presentado en diciembre por Penacca, Yasky y el legislador y dirigente del Movimiento Evita (Frente de Todos) Leonardo Grosso.
La iniciativa establece pautas de acción frente a las denuncias «con el propósito de que la recepción de las mismas se realice a través de un mecanismo transparente y eficaz».
Asimismo, el texto incluye un programa de reentrenamiento y formación con una perspectiva transversal de Derechos Humanos para las fuerzas de seguridad.
La iniciativa también establece principios básicos sobre el empleo de armas letales y no letales cumpliendo con los estándares internacionales.
Según el proyecto, se entiende por violencia institucional «todo acto, por acción u omisión, ejercido por miembros de las fuerzas policiales, de seguridad y penitenciarias que implique cualquier forma de afección física o psíquica que afecte derechos humanos fundamentales de las personas».
De acuerdo con la iniciativa, se considera víctima de violencia institucional a «toda persona que, individual o colectivamente, haya sufrido daños, inclusive lesiones físicas o psíquicas, sufrimiento emocional, discriminación, daño económico o menoscabo sustancial de los derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones de las fuerzas policiales, de seguridad y penitenciarias».
(Fuente: Télam)
