La incorporación de tecnología y la necesidad de repensar el sistema de designaciones y la capacitación de los mandos medios son preocupaciones que predominan entre quienes promueven una reforma del Estado para aplicar en el mundo pospandemia de coronavirus .
El impacto del coronavirus forzó cambios en la vida cotidiana en todo el mundo y entre las mayores modificaciones se encuentra el teletrabajo , que ya tenía un lugar en el mercado laboral pero que el virus lo ubicó en el centro de la escena, al punto de que muchas empresas ya prevén extender ese sistema de trabajo más allá de la cuarentena. Esta suerte de reforma laboral obligada y la necesidad de pensar lo que será la «nueva normalidad» cuando logre controlarse la enfermedad motivó también a quienes hace años desarrollan propuestas para agilizar el Estado. Es ahora, dicen, el momento de darle un nuevo impulso a esas reformas.
La Nación consultó a expertos en gestión pública de distintas disciplinas que en los últimos años desarrollaron propuestas para repensar el rol del sector público y todos coincidieron en que aunque la modernización del Estado lleva tiempo, se debe comenzar por tecnologizar los procesos burocráticos y por despolitizar la planta del Estado que se encarga de hacer operativas las decisiones de los altos mandos.
Gonzalo Diéguez, director del programa de Gestión Pública de Cippec, sostuvo que actualmente el criterio de selección de los mandos medios «responde fundamentalmente a la confianza política, por lo que tienen un alto nivel de rotación y volatilidad». La designación de esos cargos suele realizarse de modo transitorio, para esquivar un nombramiento concursado, cuyo proceso demanda más de un mes.
«Es un problema grave que a simple vista no se ve. El hecho de no contar con burocracias profesionales y no contar con mecanismos de reclutamiento y selección basados en el mérito es un problema porque termina afectando las capacidades del Estado. En este contexto incierto, dinámico y exigente para tomar decisiones rápidas y asertivas se necesita una persona capacitada», dijo.
Diéguez fue uno de los firmantes del documento «Consenso por una función pública profesional para la Argentina del siglo XXI», elaborado el año pasado por especialistas y organizaciones civiles y que concentró una serie de propuestas de mediano y largo plazo para sumar al desafío «Argentina 2030» que había lanzado el gobierno de Mauricio Macri pero cuyo futuro quedó en suspenso tras el cambio de gobierno.
El primer punto de ese documento reclamaba asumir un «compromiso para garantizar el derecho de todos los ciudadanos a ingresar al servicio civil en condiciones de igualdad mediante concursos abiertos y transparentes, terminando con los ingresos bajo el régimen de estabilidad por adhesión política, amiguismo, nepotismo o corporativismo».
A la idoneidad de quienes ocupen esos cargos debería sumarse, señaló Díeguez, una mejor infraestructura vigente y una revisión de las normas actuales con el objetivo de facilitar la implementación de las decisiones. De esa manera, dijo, podrían evitarse crisis como la que desató la compra de alimentos con sobreprecios por parte del Ministerio de Desarrollo Social o las demoras en las licitaciones en tiempos de emergencia como el actual.
La tecnología
Otro de los puntos clave para el futuro, aseguraron los consultados, es la incorporación de tecnología. Si bien el Estado argentino avanzó en este sentido en la última década -y eso puede verse durante el aislamiento-, no fue de manera integral en todas las áreas del sector público.
«Se hicieron muy buenas inversiones en tecnología y modernización con distintas intensidades según la gestión de turno y hoy funcionan en la emergencia. Tenemos el caso del IFE, que en un lapso de ocho días se inscribieron 11 millones de personas online. Si eso se hubiese hecho analógicamente hubiera llevado años», explicó Fabián Ruocco, director del Centro de Desarrollo y Asistencia Tecnológica (Cedyat), que promueve ampliar la digitalización a los distintos niveles del Estado en el país.
Una de las preocupaciones centrales de quienes ponen reparos a la implementación de procesos tecnológicos en el mundo laboral es la conservación de los puestos de trabajo. Según Ruocco, la reconfiguración de las áreas que todavía no tienen un peso digital importante llevará «de cinco a diez años», tiempo que puede utilizarse para capacitar a los empleados.
Sumar procesos tecnológicos a la tarea diaria no solo agilizará trámites de la ciudadanía o mecanismos internos, sino que también tendrá un efecto en la infraestructura, con la liberación de espacios que hoy solo sirven para guardar papeles, como ocurre con algunos juzgados de Comodoro Py. «El sistema burocrático de papel está colapsado y esos edificios llenos de papeles podrían usarse para otra cosa», advirtió.
Aunque el gobierno de Alberto Fernández todavía no lanzó una propuesta para modernizar el Estado, Ruocco consideró que hay diálogo con las altas esferas del poder, aunque de una manera menos orgánica que durante el macrismo, cuando existió el Ministerio de Modernización, que estuvo a cargo de Andrés Ibarra.
Ruocco, que también fue firmante del documento del año pasado, dijo que hoy el contacto es directo con aquellas áreas que necesitan aplicar cambios determinados. «Hoy no se sabe dónde está el organismo rector ni hay una estrategia que diga ‘vamos a hacer esto'», sostuvo. Sin embargo, afirmó que hay «permeabilidad» a las sugerencias de los especialistas, pese a no haber un marco institucional para hacerlas.
La dificultad para implementar reformas en el interior
Las reformas que deberían hacerse en los próximos tiempos serán difíciles de aplicar en el interior del país, donde las regiones lejanas a los centros urbanos son menos permeables a aplicar cambios significativos. Así lo explicó Francisco Mingolla, secretario de relaciones institucionales de la Universidad Nacional de Tucumán.
Médico, Mingolla coordina un grupo de capacitación multidisciplinaria en el noroeste argentino financiado por el gremio estatal de UPCN. Según dijo, las reformas que pueden implementarse en el Estado deben tener en cuenta las idiosincracias de los pueblos del interior.
«En el interior estamos en una situación de aislamiento. A nosotros las cosas siempre nos llegan tarde. Y el noroeste es una de las regiones más olvidadas por el centro porteño», dijo. Y agregó: «La idiosincracia del empleado público lleva a rechazar lo desconocido y hasta que aprende cuáles son las ventajas de la modernización hay rechazo, fundamentalmente de los sindicatos. Con la globalización del conocimiento se van superando algunas barreras pero todavía existen».
Para Mingolla, además, los cambios que se implementen deberán contemplar también la diversidad generacional de los empleados públicos. «Los más grandes también se resisten a los cambios, los de edad media buscan aprender y los más jóvenes ya los traen incorporados», explicó. (La Nación – Por Alan Soria Guadalupe)
