Una elección pasó, el presidente cambió, pero la causa sigue. El expediente de los cuadernos de las coimas ralentizó su paso con el regreso del kirchnerismo y la cuarentena. Pero aún mantiene intacta la estructura probatoria que llevó a procesar a Cristina Kirchner, además de a exfuncionarios y empresarios. Eso los inquieta.
Ahora la Cámara de Casación deberá determinar una vez más sobre la constitucionalidad de la ley del arrepentido. Varias veces dio su opinión sobre el tema. La importancia de este fallo radica en que todas las pruebas que se produjeron a partir de aquellas confesiones podrían ser nulas de acuerdo con su decisión.
De esa manera se podría desencadenar una catarata de nulidades en centenares de juicios, incluso en otros fueros, en que los imputados optaron por mejorar su condición procesal a cambio de entregar información valiosa.
Aquella crónica de corrupción explícita que contaron con detalles los propios protagonistas podría quedar en poco menos que nada. Por eso, por estos días, una parte de ese andamiaje está sometido a un examen jurídico y a un embate mediático.
Gran parte de las defensas de los exfuncionarios aprovechan la oportunidad para recordar en los medios y las redes sociales la línea argumental para defender a sus acusados que ya opusieron y perdieron en varias instancias. Mientras los jueces de Casación deben definir una de las cuestiones pendientes más relevantes, el tribunal oral que tiene la causa avanza, lento, sin estructura adicional y con las limitaciones de la cuarentena, en la certificación de las pruebas para empezar las audiencias del juicio oral.
Los argumentos para pedir la inconstitucionalidad de la ley del arrepentido tienen una particularidad: no fueron esgrimidos por quienes utilizaron el instituto, como empresarios o exfuncionarios, sino por otras defensas mucho más combativas, como la del exministro Julio De Vido o Hernán Gómez, uno de los excolaboradores de Roberto Baratta. A esas defensas adhirieron otras, como la del empresario Juan Carlos Lasurain. Será una sala de la Casación la que ahora se aboque a resolver el asunto. El punto no es menor. Primero, para la causa; después, para todo el sistema penal. La ley del arrepentido no solo se utilizó en este expediente, sino que son centenares las causas en las que se aplicó la norma. Y no es el fuero federal el único en el que hay casos de este tipo, sino que algún otro, el penal económico, por caso, también echa mano a este instituto.
Ahora bien, ¿cuál sería la consecuencia de que caiga por inconstitucional la norma? Simple: todos los hechos reconocidos dejarían de serlo y la prueba producida a partir de ellos se declararía nula. Y, más allá de que se dicte solo para un caso, se podría esperar que todas las defensas opongan las argumentaciones de la Cámara en sus expedientes. Podría gestarse una enorme nulidad en estos fueros.
El principio del recurso es el cuestionamiento a la lógica de reducción de pena a cambio de una colaboración sustancial en la investigación. Básicamente, cambiar información por mejora en la situación procesal. Sucede que este tipo de beneficios no es solo una construcción de esta norma, sino que ha estado receptada por el Código Penal desde su sanción en 1921, puntualmente en el artículo 217, respecto del delito de confabulación para cometer traición a la patria, además de institutos análogos en materia de delitos de lavado de activos de origen ilícito.
Voluntariamente
Otro de los argumentos presentados por las defensas tiene que ver con la situación que se dio en la ocasión de prestar esas colaboraciones. Según coincidieron las instancias inferiores, los imputados que cambiaron información por mejora en la situación procesal no fueron obligados y tampoco se violentó la protección constitucional de que nadie está obligado a declarar en su contra. «Lo hace voluntariamente, en un marco de legalidad, procurando mejorar su situación procesal», escribió el fiscal de Casación Raúl Plee.»Esa misma y subjetiva abstracción se exhibe en las manifestaciones efectuadas por los apelantes en orden una supuesta ‘cuasi extorsión’ en el empleo de la figura con relación a personas que no se determinó ni precisó. La ausencia de referencia y circunstancia respecto de ese suceso impide su adecuado tratamiento y se exhibe, antes bien, dado el déficit de formulación, como un desacuerdo con los efectos procesales propios de esta herramienta de investigación», escribió el fiscal.
De hecho, la Constitución entrega a todo ciudadano el derecho a callar, a permanecer en silencio o de abstenerse de declarar contra uno mismo. Pero nada dice ni restringe la libertad de cooperar o colaborar con las autoridades para la dilución de un determinado delito. No es verdad que alguien fue obligado normativa o físicamente a entregar información. No se trató de personajes que desconocían la ley ni las consecuencias de lo que hacían. Se trató de los empresarios más poderosos de la Argentina, que contrataron a los mejores abogados del país para mejorar su situación procesal.
Lo que sucedió entonces es que varios de los imputados vieron cómo mutaban algunos actores que configuran su mundo. En ese universo suele imperar el miedo como decisor o al menos como elemento determinante a la hora de las decisiones. Siempre consideraron que el kirchnerismo en el poder tenía suficiente capacidad de daño con el manejo del Estado como para derrumbar sus negocios y sus compañías. Y entonces, no había que asustar al cuco.
Llegaron al punto de eliminar palabras de sus vocabularios. Inflación, por caso, o corrupción no fueron pronunciadas por más de una década. Pero a mediados de 2018, con el kirchnerismo en la trinchera de la oposición y sin los resortes del Estado, el miedo mutó. Se posó en la Justicia, en algunos despachos donde se acumulaban pruebas de corrupción a cielo abierto.
El poder de daño a sus empresas y a su reputación no estaba ya en aquellos funcionarios, sino en la Justicia. El silencio se rompió y decenas contaron sus pecados; asumieron sus culpas frente a su familia en la cabecera de la mesa con la pasta del domingo. Ninguno de ellos pidió ninguna inconstitucionalidad de la ley del arrepentido. Lo hacen otros, que contrataron defensas que incluyen el bastión mediático. El dilema es que ahora el miedo volvió a mudarse. Ya no está en Comodoro Py. Y cuando se actúa solo con esa motivación suele parecerse bastante a la cobardía.
(Fuente: La Nación Por: Diego Cabot)
