La jueza instructora del caso Loretta Preska podría imponer una condena de entre 4.920 y 16.050 millones de dólares.
El juicio en Nueva York del fondo Burford Capital Capital contra Argentina a la que reclama 16.000 millones de dólares por nacionalizar la petrolera YPF en 2012 quedó este viernes pronto para sentencia.
Luego de tres días de audiencias, la jueza instructora del caso Loretta Preska, del tribunal del distrito sur de Nueva York, tendrá que determinar en los próximos días el monto de la indemnización que tendrá que pagar Argentina.
En juego están los baremos para el cálculo de la indemnización y si deben o no aplicarse intereses -los demandantes piden entre el 6 y el 8%-, y la fecha que debe tenerse en cuenta para ese cálculo.
La acusación reclama que sea el 16 de abril de 2012 cuando el gobierno argentino decretó la nacionalización. Argentina sostiene que debe ser el 7 de mayo cuando el Congreso aprobó la ley de nacionalización y el precio de las acciones de YPF se había desplomado.
La cantidad varía entre 16.050 millones de dólares y 9.490 millones, dependiendo de que se tome una u otra fecha y se le apliquen unos intereses del 8%. Argentina está dispuesta a pagar 4.920 millones, según sus cálculos, que no comprende intereses porque los refuta.
“La diferencia es enorme. Es por ello que este juicio tiene tanta importancia”, recordó a la jueza el abogado de Argentina, Robert Giuffra, en los alegatos finales en los que le pidió que tuviera en consideración la “difícil situación” del país, afectado por una grave sequía y una alta inflación, y que “podría afectar a mucha gente” en el país.
El caso remonta a 2012 cuando Argentina nacionalizó la petrolera YPF, controlada por el grupo español Repsol. Dos años más tarde, la española fue indemnizada con 5.000 millones de dólares para zanjar el litigio.
No así otros accionistas minoritarios como el Grupo Petersen e Eton Park Capital (25,4% del capital de YPF), que en 2015 presentaron una demanda, alegando que el país no había presentado una oferta pública de adquisición como preveía la ley.
En aquella época, el ministro argentino de Economía Axel Kicillof, aseguró que este requisito hubiera sido una “trampa” y solo un “tarado” esperaría que Argentina e YPF lo cumplieran.
El bufete Burford Capital, especializado en comprar litigios, pagó 16,6 millones de dólares a esas dos empresas perjudicadas para financiar las demandas judiciales.
En junio de 2019, la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó el pedido de Argentina para que el litigio se dirimiera en tribunales del país, y el pasado marzo, la jueza Preska determinó que Argentina es responsable de las pérdidas sufridas por la nacionalización de la petrolera.
El valor de las acciones de Burford, que cotiza en bolsa, se han disparado.
“Kicillof sabía muy bien lo que hacía, es por ello que Argentina debe pagar por ello”, concluyó el abogado de la acusación Paul Clement en los alegatos finales. (DIB)
