La renuncia de Eduardo De Lázzari de la Suprema Corte bonaerense marca la salida del magistrado con más alto perfil político del tribunal, una particularidad que quedó en evidencia durante su abierto enfrentamiento con María Eugenia Vidal y deja abierta dos vacantes cuya cobertura solo podría lograr el actual gobernador, Axel Kicillof, apelando a un negociación con la oposición.
El eje de la disputa de De Lázzari con Vidal arrancó con el voto en disidencia del juez al arribo al tribunal de Sergio Torres, el magistrado que había elegido la entonces gobernadora para reemplazar a Juan Carlos Hitters, que en ese momento se jubiló. Como De Lazzari, Hitters tenía perfil peronista.
Después, como titular de la JKunta electoral, habilitó la candidatura del entonces diputado de la Coalición Cívica (después se peleó con Elisa Carrió) Guillermo Castello, en el espacio Despertar de José Luis Espert, que estaba invalidada, contra los deseos de la gobernadora.
Pero el pico de tensión llegó con una denuncia por “armado de causas”, “abuso de testigos protegidos” y “escuchas ilegales” en el poder judicial de la Provincia, que De Lázzari hizo en un seminario del Poder Judicial. Vidal le salió al cruce explícitamente: le exigió que presentara denuncias formales de todo lo que había dicho, algo que finalmente el juez no hizo.
Entramado político
La jubilación De Lázzari, efectiva desde el 1 de marzo, es la segunda en pocos meses, luego del fallecimiento del decano del cuerpo, el juez Héctor Negri, que estaba en su cargo desde enero de 2017, a principios del año pasado. Pese a que la Corte quedó entonces con seis miembros, lo que la exponía a un empate que trabara las decisiones y obligara a recurrir a la Casación, el gobernador no propuso reemplazante.
Y es probable que tampoco no haga ahora: el Artículo 177 de la Constitución provincia establece que los jueces de la Corte se nombran a propuesta del Gobernador con respaldo de una mayoría absoluta del Senado. Para conseguir ese respaldo, Kicillof se vería obligado a negociar el nombre con Juntos por el Cambio, que tiene la mayoría en la cámara Alta provincial, al menos hasta las elecciones de este año.
Así, existe una probabilidad de que el cuerpo funcione durante un tiempo con cinco miembros: su actual presidente, Daniel Soria, Daniel Soria, Luis Esteban Genoud, Eduardo Julio Pettigiani, Hilda Kogan y Torres. En términos institucionales, dicen en el tribunal, no habría dificultades: las decisiones se pueden ratificar con una mayoría de tres votos. Salvo que alguno no vote, no puede siquiera haber empate.
Aunque el Ejecutivo guarda silencio respecto de este tema, el perfil bajo de los ministros que quedan en sus cargos y el perfil de la mayoría de ellos no parecen suponer un problema para el gobernador. “Kicillof no va a estar incómodo con esta Corte”, dijo a DIB una fuente que conoce de cerca el entramado que une al poder judicial con el Ejecutivo.
A excepción de Torres, el resto de los jueces conforman una matriz que se llegó al tribunal durante el duhaldismo, cuando regía un acuerdo entre el peronismo y el radicalismo para repartirse los resortes institucionales más importantes de la provincia, en el marco de un bipartidismo que era la marca política más importante del momento.
Al igual que De Lázzari, que fue secretario de Seguridad –el equivalente al cargo actual de ministro- de Edaurdo Duhalde, Genoud y Pettigiani tiene perfil peronista y ocuparon cargos ejecutivos en gobiernos de ese origen, en áreas vinculadas a la Seguridad. Kogan tiene un lejano pasado radical. (DIB) AL
