La Inspección General de Justicia (IGJ) decidió que la red de franquicias inmobiliarias Remax en Argentina es ilícita y ordenó la inmediata disolución y liquidación de la empresa.
A través de una resolución particular que firmó su titular, Ricardo Nissen, el organismo, que regula la actividad de las sociedades comerciales en el país, decidió que es “ilícito” que las inmobiliarias operen bajo régimen de franquicias. Así, hizo lugar a una denuncia que el Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires (Cucicba) y su presidente, Armando Pepe, habían iniciado contra Remax Argentina S.R.L., la empresa que tiene el uso de la marca estadounidense Re/Max en el mercado local.
Según resolvió Nissen, Remax Argentina no podrá continuar operando en el país y, en consecuencia, deberá iniciar su proceso judicial de disolución y liquidación.
En la resolución, de 23 páginas, entre otros argumentos, la IGJ alegó que Remax Argentina S.R.L. se constituyó por parte de Sebastián Sosa y su esposa, Dorothy Peñate, para tener la franquicia principal de Re/Max International y, a partir de allí, subfranquiciarla a agentes y corredores inmobiliarios.
En consecuencia, la IGJ entiende que la entidad estadounidense “ejerce indirectamente le corretaje inmobiliario eludiendo la legislación local, que establece imperativamente requisitos para esa actividad y se beneficia a través de Remax Argentina S.R.L., participando de las comisiones de las operaciones inmobiliarias intermediadas por los numeros subfranquiciados, más allá de que esas participaciones pudieran aparecer ficticiamente calificadas como regalías o concepto similar, contributivo del uso de la marca ‘Remax’”.
“La exteriorización de la marca ‘Remax’ por parte de esas subfranquiciadas”, agregó, “genera en favor de éstas la falsa apariencia de pertenecer a un grupo económico, lo que las beneficia en base a una publicidad engañosa, que, a su vez, beneficia a la franquiciante, permitiéndole participar indirectamente de una operatoria que no podría realizar por sí misma, en forma directa”. Además, destaca que Sosa y su mujer no son agentes inmobiliarios, ni el objeto de Remax Argentina S.R.L. es ejercer esa actividad.
La red local de Re/Max, por su parte, tiene más de 150 oficinas, en 42 ciudades del país, consigna la resolución de la IGJ. Después de conocerse la resolución en su contra, emitió un comunicado para oponerse a la resolución y asegurar que seguirán operando.
“Rechazamos enfáticamente el contenido de la denuncia de Cucicba frente a la IGJ. La misma es infundada y no implica el cese ni suspensión de la actividad de Re/Max. Las oficinas seguirán prestando servicio a sus clientes, como lo han hecho hasta ahora, llevando el mejor servicio inmobiliario”, aseguró.
“Esta acción promovida por el Colegio de Corredores de la Ciudad es una más de las tantas embestidas de los cuerpos colegiados contra una marca que desarrolla su negocio legítimamente hace más de 15 años, promoviendo el crecimiento y evolución del mercado, conformando así la red inmobiliaria con mayor presencia de corredores y martilleros matriculados”, agregó.
“Este accionar evidencia la clara intencionalidad de los colegios, que sin importar el contexto de pandemia en el cual nos encontramos, buscan afectar la fuente de ingresos de más de 5000 familias vinculadas con esta red de inmobiliarias presente en todo el país”, concluyó. (DIB) FD
