La Libertad Avanza envió ayer, miércoles, un escrito a la jueza María Servini de Cubría en el que detallan un “paso a paso” en el que estaría involucrada la Gendarmería Nacional para “alterar los resultados” en las actas, en complicidad con jefes regionales, y a cambio de dinero. Ahora, el fiscal con competencia electoral Ramiro González, citó a la jefa de campaña de Milei, su hermana Karina, y a Santiago Viola, apoderado del partido, para que expliquen a fondo las irregularidades y aporten documentación.
Es la segunda vez que Viola entra en la fiscalía de González, el fiscal que investiga de oficio la presunta venta de candidaturas en LLA y las denuncias mediáticas que realizó el candidato libertario unos días antes de las Generales. El 20 de octubre, la primera vez que declaró, Viola se comprometió a añadir a la causa por supuesto fraude electoral distintos “materiales” para que la fiscalía pudiera avanzar en la investigación. elDiarioAR pudo saber que LLA aportó documentación pero, a criterio del fiscal, se trata de “papeles sin mucha relevancia”.
“En las PASO circularon varios videos y fotos en redes sociales que me comprometo a hacer llegar a la fiscalía en los cuales se ven boletas rotas, tiradas. Más allá de eso tomamos conocimiento de distintas denuncias en las cuales se manifestaba que no había boletas de la alianza La Libertad Avanza y que ante el reclamo de los votantes se les indicaba que no había o que debían votar a otra fuerza”, dijo Viola en su declaración testimonial a la que elDiarioAR accedió.
LLA no puso en duda el resultado obtenido en las Generales, que catapultaron al partido al balotaje, pero sí plantó dudas sobre la eficiencia del sistema electoral, tanto en el recuento de votos como en el traslado de las urnas.
De acuerdo al documento LLA asegura que una vez cerradas las mesas de votación, a las 18, la Gendarmería “cambia el contenido de las urnas y la documentación por otras que modifican (el resultado) en favor del partido gobernante y de Sergio Massa, lo cual altera considerablemente el resultado electoral”. Afirman que actuarían en complicidad con los jefes regionales. Las denuncias que habría recibido LLA por este delito son anónimas. En el documento hablan de “una contraprestación de parte de los instigadores a quienes realicen esas prácticas”.
Es preciso aclarar que las actas no van dentro de la urna sino en un bolsín que el Correo Argentino sella delante del presidente de mesa. En ese bolsín va el padrón, el acta de escrutinio, los votos recurridos e impugnados y las actas complementarias. El precinto es inviolable.
Por otro lado, en la urna va un certificado del escrutinio que lleva la firma de las autoridades de mesa, además de los sobres y boletas con votos válidos. Esa urna se cierra con una faja que cubre la ranura. La Gendarmería solo custodia, pero no toca los bolsines ni la urna. Además, el suplente asignado a la mesa tiene una copia del acta original, con lo cual el acta tiene con qué chequearse.
Según LLA, estas irregularidades se dieron en mesas porteñas, en la Provincia de Buenos Aires, en Chaco, Tucumán (“las provincias más beneficiadas por el planes sociales”, consignan, de paso, en el documento), Santiago del Estero, La Rioja, Jujuy, Santa Cruz, Formosa y “seguramente en otras dos provincias”. El partido liderado por Javier Milei pide a la Justicia Electoral que refuerce los controles y que autoricen la presencia de sus fiscales durante el proceso. (DIB)
