A principios de julio de 2010, Miguel Ortiz Benítez comenzó a trabajar bajo las órdenes de la Fundación Madres de Plaza de Mayo. Primero lo hizo como ayudante de albañil y luego como oficial especializado. De manera imprevista, a poco de cumplir un año en la entidad presidida por Hebe de Bonafini, fue despedido. Frente a las necesidades económicas que atravesaba en ese momento, Miguel aceptó los 8.500 pesos que le pagó la Fundación.
El albañil demandó a la organización liderada por Bonafini que -según denunció Benítez- le retenía los aportes jubilatorios pero no los ingresaba al sistema de la seguridad social. El juez laboral le dio la razón y condenó a la Fundación Madres de Plaza de Mayo a indemnizarlo. La entidad no cumplió por lo que Miguel se vio obligado a pedir la quiebra, que fue decretada el 16 de junio del año pasado.
En el marco de ese proceso falencial, el juez Fernando Perillo ordenó que se realice un inventario de los bienes de la Fundación en los inmuebles ubicados en la calle Hipólito Yrigoyen frente a la Plaza de los dos Congresos.
El trámite se demoró y fue finalmente el juez Javier Cosentino, que estaba de turno en enero pasado, quien habilitó la feria para que se llevara adelante la diligencia. En esa oportunidad, se presentaron en la sede de las Madres -entre otros- el síndico de la quiebra, a cargo del estudio Roggiano y Asociados, y la escribana designada para realizar el inventario. Como ya había hecho en otras ocasiones, Hebe de Bonafini intentó resistir el cumplimiento de la orden judicial. «No sé cómo les da la cara, no les da vergüenza, a ustedes y a quienes los mandan», les dijo Bonafini a quienes trataban de cumplir con la manda judicial.
El magistrado intimó a la sindicatura y a la escribana para que en el plazo de 48 horas explicaran los motivos por los que no habían cumplido con lo ordenado.
En su respuesta, la sindicatura alegó que «frente a las dificultades derivadas de la realización del inventario» la escribana designada para esa tarea acordó con los representantes de la Fundación Madres convenir día y hora para realizar la diligencia.
El síndico contó que durante el tiempo que estuvieron en la sede de las Madres, Hebe de Bonafini se quejaba por la orden del juez de realizar un inventario de los bienes. En ese momento uno de los abogados de la sindicatura le dijo «es la ley Hebe», a lo que la presidente de la Fundación respondió «se llevaron a mis tres hijos, perdí a mi marido, perdí todo lo que tenía, qué me importa a mi la ley».
Pero no quedó ahí la explicación del síndico, quien señaló que Bonafini está siempre rodeada de jóvenes con una filmadora para registrar y luego difundir lo que ella quiera. Eso ocurrió -destacó la sindicatura- en esa ocasión durante el intento frustrado de hacer el inventario. Esa noticia «se viralizó», apareció en todos los canales de televisión, en los portales e incluso algunos diputados acudieron para hacer un «escudo humano» e impedir que se lleve adelante la medida ordenada por el juez, manifestó.
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