Desde la cárcel, Julio De Vido dijo que Jaime Durán Barba escribió los cuadernos de las coimas

En un texto que su familia distribuyó a través de las redes sociales, el ex funcionario kirchnerista aseguró que nunca recibió coimas y sugirió que Jaime Durán Barba, estratega comunicacional del Gobierno, estuvo detrás de la redacción de los cuadernos que en rigor escribió Oscar Centeno, ex chofer de Roberto Baratta.
«Los testimonios de quienes se dan ahora en llamar como supuestos arrepentidos me llevan a realizar algunas reflexiones. Estos personajes en su mentira demuestran su tendencia -que podríamos llamar también preferencia- a sobornar. Quiero dejar en claro que a mí nunca me sobornaron ni tampoco firmé con ellos contratos ni renegocié ninguna obra», dijo De Vido.
Y agregó: «Es evidente que al invento de los cuadernos se suman un montón carpetazos contra empresarios inescrupulosos que son ‘apretables’, para los cuales sobornar o intentar hacerlo es moneda corriente. Este apriete no es casual, por el contrario tiene una intencionalidad que debemos dilucidar».
Luego vinculó al asesor de Macri: «No tengo dudas de que Durán Barba leyó la Ley de Responsabilidad del Estado, que hace patrimonialmente responsables a los funcionarios (inútiles, como estos) y junto con la ‘redacción’ de los cuadernos se armaron ‘carpetas’ para extorsionar a los empresarios que hoy tiene obras rescindidas, paralizadas, abandonadas o con reclamos administrativos de gastos improductivos, renegociaciones o reclamos judiciales que están accionando contra el Estado».
«Todo este armado es para JUSTIFICAR el párate en las obras públicas (la inversión durante los gobiernos de Néstor y Cristinas Kirchner fue muy importante y estos inútiles nunca supieron cómo seguirla). Basta ver algunos casos como Isolux, que se concursó y cambió de nombre Albanesi, que creó un Comité de transparencia (compliance). Estos contratistas tienen reclamos millonarios contra el Estado», añadió.
«Siempre que un inútil desde el Estado (en un país serio) paraliza una obra, frena o subejecuta un contrato, hay perjuicio patrimonial al Estado y responsabilidad personal del Funcionario Público», dice el texto.