También los radicales
El jefe comunal tandilense, Miguel Ángel Lunghi, pide 30 días para la aplicación de la resolución de OCEBA que prohíbe a los municipios cobrar conceptos ajenos a la electricidad. Teme por la desfinanciación del sistema.
Días atrás, el mandamás de San Antonio de Areco, Francisco Durañona, había puesto el grito en el cielo ante la restricción de cobro de conceptos ajenos a la electricidad, y presentó un recurso de amparo para solicitar su nulidad.
Ahora son los propios quienes encienden la luz de alarma. Miguel Ángel Lunghi (Cambiemos) solicitó extender por el plazo de 30 días el plazo estipulado para la aplicación de la Resolución N°167/18 del Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (OCEBA), que establece que las facturas a usuarios que emitan los distribuidores provinciales y municipales, sólo deberán contener conceptos tarifarios vinculados a la prestación del servicio público de distribución de energía eléctrica.
Desde la Secretaría Legal y Técnica tandilense pretenden generar un espacio de estudio y análisis de la situación que genera la normativa.
Es que en Tandil, la empresa de energía incluye varios conceptos vinculados a tres ordenanzas que suman tributos a los consumos. En efecto, la ordenanza 5791 le otorga la concesión para la prestación del servicio de alumbrado público; la 2505, apunta a inversiones en materia de iluminación, costos para el funcionamiento del relleno sanitario y obras específicas, mientas que la 9495 se refiere al Fondo de Ayuda Solidaria (FAS), que contempla la creación de un fondo especial para atender patologías que impliquen «prácticas de alta complejidad que no puedan derivarse a un efector público dentro del país».
Lo que sucede es que con la medida de la Provincia, los municipios deben cobrar esos conceptos adicionales por fuera de las facturas de luz, y no tardaron en hacer conocer su descontento. Por eso, la administración de Lunghi pide un plazo considerable para reacomodar las piezas y, sumar ítems en otras tasas municipales para evitar el desfinanciamiento.
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